Son múltiples las promesas electorales que han realizado los diferentes partidos políticos en esta campaña electoral. Legislar para dar mayor protección a empresas y autónomos no sirve de nada si los primeros que incumplen son las propias administraciones.
Un ejemplo reiterado son los periodos de pago a proveedores de la administración, donde ningún nivel cumple con los periodos establecidos. La solución debería ser sencilla, misma sanción para la administración que la que se establece al ciudadano.
Porque al final los ayuntamientos, las comunidades o la propia administración del estado acaba llevando a cabo sus políticas financiadas por las propias empresas. Y esto genera un problema básico, ya que solo pueden concursar a dicha licitación las empresas más grandes que tienen un músculo finaciero más potente. Un autónomo rara vez podrá aguantar estar cinco o seis meses sin cobrar.
Pero no siempre son estas empresas las que ejecutan las obras o los contratos de suministros o servicios. Acaban por subcontratar, por lo que al final sería el mismo autónomo o la pyme los que realizan el trabajo, pero su beneficio es mucho menor de lo que sería si la administración pagara a tiempo y pudieran concursar directamente.
Es la pescadilla que se muerde la cola. La legislación ya está, ahora simplemente hay que cumplirla. Y si no se establece un régimen sancionador adecuado muchos responsables políticos seguirán siendo irresponsables en los pagos, pero se vanagloriarán de lo que hacen o dejan de hacer. Eso sí, financiados por las pymes en su mayor parte.
Imagen | GregPlom