La corrupción institucional se está convirtiendo en un tema cotidiano de conversación en los principales lugares públicos de nuestro país. Y, desde luego, no para bien. La ingente cantidad de casos de corrupción que aparecen a diario nos irrita e indigna a todos a partes iguales.
Sin embargo, y a pesar de que la corrupción se ha convertido ya en una de las mayores preocupaciones de los españoles, son las empresas quienes más sufren en sus cuentas de resultados las consecuencias de esta lacra.
Y es que la corrupción genera a su alrededor un clima de inseguridad jurídica enorme, lastrando con ello la inversión y dificultando la puesta en funcionamiento de muchas empresas o la supervivencia de las ya existentes. Ya no es solo la mala imagen de cara al exterior que damos como país (que también), sino la sensación de pertenecer a un país donde las élites extractivas campean a sus anchas.
No en vano, el monto total de gasto público dedicado a asuntos puramente políticos como consecuencia del mayor clima de corrupción política asciende ya a 90.000 millones de euros. Una cantidad que acabaría de un plumazo con el déficit público, serviría para pagar tres veces la partida de intereses de la deuda pública o pagar la mitad de las pensiones de un año, por poner un ejemplo. Pero, sobre todo, una cantidad que habría evitando los recortes y los aumentos impositivos que hemos sufrido durante la última legislatura.
Los inversores no se fían, y prefieren preservar sus capitales en otros países en el que la gestión pública esté por encima de intereses personales o partidistas. España no es un buen ejemplo de ello
En Pymes y Autónomos | La corrupción política supone un grave prejuicio para las pymes y autónomos Imagen | Ana_Rey