Cada vez está más cerca la factura electrónica obligatoria en España, y los últimos datos no son excesivamente positivos. Según un estudio reciente del Grupo Aitana-Opentix, el 84 % de los autónomos y pequeñas empresas aún no cumplen con las exigencias de las nuevas normativas, con la actualización legislativa propuesta por la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude.
Con la entrada en vigor de estas leyes, los negocios deben adaptarse a nuevas prácticas de facturación digital en los dos próximos dos años, sin embargo, a finales de este 2024, se espera que solo el 16 % de las pymes hayan completado esta transición hacia la factura electrónica.
Mejorar la transparencia
La Ley Crea y Crece establece que todas las operaciones entre empresas deben hacerse mediante facturas electrónicas, mientras que la Ley Antifraude obliga al uso de programas certificados para prevenir el fraude fiscal.
Todos estos cambios, centrados en mejorar la transparencia de las empresas y los emprendedores, buscan reducir la morosidad y hacer que la contabilidad empresarial sea más precisa.
Sin embargo, hay un primer escollo importante: muchos autónomos todavía desconocen los detalles de estas leyes. Entre los encuestados por Aitana-Opentix, el 35 % no conocía la Ley Antifraude y un 27 % ignoraban su contenido y cómo les va a afectar en los próximos años.
En total, más de un 60 % de los emprendedores y pymes todavía no saben ni que deben adaptar sus sistemas de facturación, con programas homologados que deberán estar en funcionamiento antes de julio de 2025.
Los requisitos
La nueva normativa, publicada recientemente en el BOE, establece que todos los negocios deberán utilizar software homologado para emitir facturas electrónicas que incluyan datos específicos como códigos QR, lo cual garantiza la trazabilidad de los registros.
Además, para cumplir con estas exigencias, los autónomos deberán contar con programas de facturación capaces de generar registros inalterables, firmados electrónicamente y en formato XML, lo que implica una adaptación considerable en la infraestructura digital de los negocios.
Volviendo al día a día, estas normativas exigen que los negocios adapten sus sistemas de facturación y adopten nuevas tecnologías. Este proceso implica inversión económica y tiempo para las pymes, que ya suelen contar con recursos más limitados, y que puede suponer un obstáculo importante en el corto y medio plazo.
Por descontado, la mayoría de los negocios tiene intención de adaptarse en los próximos seis meses, mientras que el 32 % espera completar el proceso en un año. En cualquier caso, las fechas siguen siendo orientativas y a la espera de una normativa definitiva, que podría aprobarse antes de final de año.
Beneficios... a largo plazo
Para facilitar la adaptación, el gobierno ha anunciado el desarrollo de una solución pública de facturación electrónica que permitirá a los autónomos y pymes emitir facturas digitales sin necesidad de invertir en software privado.
Se espera que esta plataforma esté disponible a lo largo de 2025, con un periodo de prueba durante el primer año para que las empresas más grandes realicen la transición sin inconvenientes extra.
Si bien la mayoría de los autónomos consideran que la normativa aportará beneficios a largo plazo, sobre todo en cuestiones de gestión de las cuentas de resultados y la facturación, hay un 17 % que no percibe ventajas y un 4 % que considera que una digitalziación obligatoria podría ser perjudicial para su negocio, debido a la complejidad.
Sobre la opinión acerca de los tiempos, en cambio, no tenemos datos concretos, pero sí se percibe que una inmensa mayoría considera que, finalmente, se ampliará el plazo de adaptación sensiblemente.
En conclusión, existe una visión positiva sobre los beneficios de la factura electrónica, pero la escasa preparación en el sector y los desafíos de su implementación ponen en evidencia la necesidad de apoyo adicional: sobre todo, para el colectivo de los autónomos.