¿Qué pasa con los proveedores que se han quedado fuera del plan de pagos de las Administraciones?

Según los datos que se han dado a conocer, más de 2.000 ayuntamientos españoles se han quedado fuera del plan de pagos a proveedores. Unos porque no han solicitado su inclusión en el plan y otros porque los ajustes que el Gobierno les pedía para amortizar esa deuda no han sido aprobados por el Ejecutivo. ¿Qué pasa ahora con los proveedores de estas administraciones?

La mayor parte de estos ayuntamientos son lo de menor tamaño (que no los de menor deuda) y eso supone que, según los datos que maneja la UPTA (Unión Profesional de Trabajadores Autónomos) un 40% de los autónomos que tienen certificadas las deudas de estas administaciones se quedarán fuera del plan de pagos.

El Ministro Montoro ha dicho hace unos días que ningún proveedor se quedará sin cobrar, independientemente de la situación de los ayuntamientos deudores, pero no ha confirmado cuál va a ser el mecanismo utilizado para efetuar estos pagos, asumiendo que no se va ha hacer a través de este mismo plan.

Uno de los requisitos que el Gobierno impuso para el pago de estas facturas pendientes era, precisamente, que se aprobara el plan de ajustes que cada Ayuntamiento remitiría a la Administración Central. Si este plan no se ha enviado o no ha sido aprobado el problema se vuelve a traspasar a los proveedores, que se quedarán sin cobrar.

La medida de control del Gobierno para que los ayuntamientos se hagan responsables de esas deudas y se comprometan a amortizar su parte del préstamo sindicado que el Gobierno suscribió para realizar el pago de estas facturas pendientes no se vuelve contra las administraciones locales sino contra autónomos y pymes que pueden ver como se esfuman sus posibilidades de cobrar por un problema entre los ayuntamientos y el Ministerio de Hacienda.

Total, que la mayoría de las deudas no afloraron en el momento en que debían de notificarse para su pago y una buena parte de las que sí se declararon pueden quedarse sin liquidar porque los deudores no cumplen los requisitos que el Gobierno exige a sus propias administraciones. Mientras tanto las empresas siguen pendientes de un hilo y con problemas de liquidez y esperando a que la Administración arregle "sus diferencias".

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