Cuando hablamos de materia fiscal, es conocido que los países del sur de Europa son menos disciplinados que el resto, siendo la economía sumergida una práctica mucho más frecuente de lo que desearíamos. Mucho se ha hablado sobre la cuestión en las últimas décadas, pero hasta ahora, ningún Gobierno se ha atrevido a tomar cartas en el asunto de una manera contundente.
Por suerte, esta situación está a punto de cambiar, porque a partir del próximo jueves 17 de enero los sujetos pasivos que defrauden a la Hacienda y obtengan al mismo tiempo una prestación de la seguridad social, podrían enfrentarse a penas de cárcel de 6 meses a 3 años de prisión, y también a los empresarios que simulen una relación laboral que no se produzca de manera efectiva.
Este castigo se justifica mediante la introducción del nuevo artículo 307 en el código penal, y en el que se indica:
Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión. Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
Al margen de si existen medios suficientes para identificar este tipo de fraude y si hay mayor o menor voluntad de poner coto al mismo, lo que es una verdad como un templo es que estos individuos realizan un tremendo daño a la sociedad, ya que al no tener que asumir los costes de cualquier empresa, tiran los precios y las tarifas, perjudicando a nuestro tejido empresarial, y como no, al bolsillo de todos los contribuyentes.
Tal vez por nuestra cultura, o quizás por lo establecido que está este asunto en nuestra sociedad, son muchos los que se vanaglorian al cometer fraudes de este tipo. Pues bien, esta confesión podrá tener valor probatorio a la hora de denunciar un delito de este tipo, por lo que podría ser el primer paso para combatir esta lacra.
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