Una de las principales quejas de los equipos de Gobierno locales para criticar la gestión de los anteriores mandatarios es la cantidad de facturas escondidas en los cajones pendientes de pago a los proveedores. Sin embargo, una vez comienzan a gobernar, la situación, lejos de resolverse, está cada vez peor.
La crisis de la COVID-19 ha contribuido a empeorar la morosidad de los ayuntamientos que, ahora más si cabe, provoca una situación crítica para muchos autónomos. Un reciente informe de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) afirma que los ayuntamientos son los que más incumplen la Ley de Morosidad, al triplicar el periodo legal de pago establecido en 30 días.
En concreto, la administración local paga sus facturas en un periodo de 99 días en junio de 2020, un 33% mayor que en junio de 2019. Esta cifra contrasta con el resto de administraciones, tanto la central (que paga en un periodo de 29 días) como la regional (que lo hace en 33), que sí cumplen con los plazos establecidos en la Ley de Morosidad.
Diferencias entre ayuntamientos
Aunque los ayuntamientos incumplen con los plazos establecidos con carácter general, existen diferencias significativas entre ellos. Así, Jaén, con 693 días, es el consistorio que más tarda en pagar a sus proveedores. Casi dos años de media. Parla, con 440 días, y Jerez de la Frontera, con 416, son los otros dos ayuntamientos con plazos que superan el año.
Ávila, con tan solo 3 días, es el ayuntamiento que menos tarda en pagar a sus proveedores. Y hay otras 17 corporaciones locales que pagan en menos de diez días, incluyendo ayuntamientos, cabildos y diputaciones.