En los últimos años, el debate sobre la carga fiscal en España ha ganado cada vez más protagonismo, especialmente entre trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. No es para menos. Éstos perciben cómo una parte, en teoría, cada vez más significativa de sus ingresos se destina al pago de impuestos y cotizaciones.
En paralelo, el discurso político y mediático se ha polarizado: unos aseguran que el Estado “se queda con más de la mitad de tu sueldo”, mientras otros reducen la fiscalidad a lo recaudado por el IRPF, ignorando impuestos indirectos y cotizaciones sociales.
La realidad es más compleja. La presión fiscal ha crecido en los últimos ejercicios sí, y el Gobierno no da señales de querer reducirla. Al contrario, se han producido aumentos encubiertos como la falta de deflactación del IRPF, el incremento de cuotas para muchos autónomos y la integración del SMI en la obligación de declarar.
Pero afirmar que se paga más del 50 % del sueldo en impuestos es una simplificación excesiva. La realidad demuestra algo diferente…
Qué es la carga fiscal y por qué no se limita solo al IRPF
Cuando se habla de fiscalidad personal, suele centrarse el debate en el IRPF. Sin embargo, este es solo uno de los componentes de la carga fiscal total que soportan los ciudadanos.
La carga fiscal real incluye el IRPF, las cotizaciones sociales (tanto del trabajador como del empleador), el IVAy otros impuestos indirectos, como los especiales sobre carburantes, alcohol o electricidad.
Esto significa que, aunque el tipo marginal del IRPF pueda parecer alto, el tipo efectivo —lo que realmente se paga sobre el total de ingresos— es mucho más bajo. A esto se suman las cotizaciones sociales, que en el caso de un asalariado representan un porcentaje importante del salario bruto, pero que muchos trabajadores no perciben directamente, ya que se ingresan por parte del empleador.
En conjunto, la presión fiscal es considerable, pero no implica necesariamente que la mitad del sueldo acabe en manos del Estado.
¿Pagamos más del 50 % en impuestos?
Esta afirmación parte de cálculos que incluyen todos los tributos posibles: IRPF, cotizaciones sociales del trabajador y del empleador, IVA, impuestos especiales y tasas varias.
Si se suman todos estos elementos, se puede llegar a porcentajes cercanos al 45 o incluso al 50 %, especialmente en sueldos medios-altos o en ciertos casos de autónomos.
Sin embargo, esta cifra no significa que el Estado “te quite” literalmente la mitad del salario neto, sino que ese porcentaje representa lo que se recauda en diferentes momentos del ciclo económico.
La polémica radica en cómo se presenta la información. Algunos estudios, como los impulsados por el Instituto Juan de Mariana, muestran una presión fiscal global en términos absolutos.
Mientras tanto, otros análisis más institucionales, como los que publica Hacienda o algunos medios progresistas, se centran solo en lo recaudado por el IRPF. La clave está en saber distinguir entre lo que se tributa en la declaración de la renta y lo que se paga durante todo el año de forma indirecta o automática.
La subida de cuotas y su impacto en la presión fiscal
Uno de los puntos donde más se ha notado el aumento de la presión fiscal es en el colectivo de autónomos. Con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, muchos profesionales han visto cómo su cuota mensual ha aumentado respecto a la de años anteriores.
Aunque la idea del sistema busca una mayor equidad, lo cierto es que la mayoría de tramos implican un mayor pago mensual respecto a 2022.
Esto tiene un impacto directo en los ingresos disponibles, y si bien la cuota se considera una cotización a la Seguridad Social y no un impuesto, en la práctica representa un dinero que se transfiere al Estado y que, por tanto, influye en la carga total fiscal que soporta el trabajador.
La no deflactación del IRPF: pagar más sin subir el sueldo
Un aspecto que ha pasado casi desapercibido, pero que tiene un fuerte impacto, es la decisión del Gobierno de no deflactar el IRPF. En un contexto de inflación, cuando los salarios suben para compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero los tramos del IRPF no se actualizan, el resultado es que muchos contribuyentes pasan a tributar más, aunque su capacidad real de compra no haya mejorado.
Esto implica que el contribuyente paga más impuestos sin haber ganado más en términos reales, lo que se traduce en un aumento silencioso de la carga fiscal. Aunque desde el Ejecutivo se defiende que esta medida permite mantener la recaudación para sostener el gasto público, para muchos ciudadanos supone un esfuerzo adicional no siempre justificado.
¿Qué pasa con el SMI y el IRPF?
La obligación de declarar por IRPF para quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también ha generado controversia. Tradicionalmente, quienes ganaban el SMI estaban exentos de presentar la declaración.
Sin embargo, al no ajustarse los límites ni las deducciones, y sumado a los efectos de la inflación, muchas personas que antes estaban fuera del radar fiscal ahora se ven obligadas a declarar y, en algunos casos, a pagar.
Esto ha alimentado la percepción de que la fiscalidad se endurece precisamente para los tramos más vulnerables, mientras que las grandes fortunas o corporaciones cuentan con más margen para optimizar su tributación.
Un enfoque más moderado tiene la respuesta a todo esto
Ni el discurso alarmista de que “el Estado te quita más de la mitad del sueldo”, ni la visión reduccionista de que solo cuenta el IRPF, reflejan completamente la realidad. La presión fiscal en España es alta si se analiza desde una perspectiva global, pero también es cierto que los servicios públicos, como sanidad, educación o pensiones, requieren de esa financiación.
El reto está en lograr un equilibrio que no ahogue a quienes más contribuyen, especialmente trabajadores y autónomos, mientras se mantiene un sistema de bienestar sostenible. Y para ello, además de discutir sobre cifras, es fundamental hablar de eficiencia del gasto, transparencia y justicia fiscal.
Entender bien qué pagamos, cómo lo pagamos y qué recibimos a cambio es el primer paso para exigir una política fiscal más clara, justa y adaptada a la realidad de quienes sostienen el sistema. Porque hablar de impuestos no es solo cuestión de porcentajes, también lo es de responsabilidad y de confianza.