No hay consenso. Mientras algunos medios afirman que los delitos fiscales se han reducido un 80 % en una década, lo que equivale a menos denuncias y menos dinero defraudado, según el Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), el informe independiente Rethinking the Informal Economy and the Hugo Effect, de Rogoff y Pappadà, afirma que, en España, uno de cada cuatro euros forman parte de la economía sumergida del país.
Esta disparidad en las cifras sobre la economía sumergida en España, que solo se ve superada en porcentajes defraudados por Grecia (31 %) e Italia (36 %) refleja la complejidad del fenómeno y las diferentes metodologías empleadas para su medición y control.
Control tributario, pero ¿qué más?
En este sentido, si bien el Gestha ha confirmado una reducción notable de los delitos fiscales en la última década (que no de las cifras que caen en "el negro", que ha aumentado en todo el sur de Europa), el informe de Kenneth Rogoff y Francesco Pappadà estima que, aproximadamente, el 24 % del PIB español corresponde a actividades no declaradas, situando a España entre los países europeos con mayor economía informal, según puede consultarse en el National Bureau of Economic Research (NBER).
El estudio introduce la medida "EVADE", basada en datos del IVA, que muestra una variación más significativa en la informalidad entre países europeos que estimaciones previas. Para ello, se ha revisado la cantidad de impuestos que deberían recaudarse y el total recaudado.
Además, identifica el "efecto Hugo" (por Víctor Hugo, parafraseando alguna de sus famosas frases, como "El país le dio la espalda al Gobierno", más probable en tiempos de crisis), según el cual la economía informal tiende a aumentar durante las recesiones y a disminuir en períodos de bonanza económica.
Todo ello, ayudaría a explicar el retroceso de los delitos contra la Hacienda pública de la última década, sumados a un mayor control de las finanzas y las operaciones entre profesionales y particulares.
¿Castigar? Y educar, y simplificar
Según el análisis del NBER, el tamaño de la economía sumergida puede vincularse a menores controles, incentivos mal diseñados y mayor uso del efectivo. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la rigidez de los tipos impositivos, la burocracia y la normativa fiscal, que puede dejar fuera a muchos profesionales, que frenan su actividad empresarial.
El ejemplo paradigmático es el sistema de módulos español, que puede frenar rápidamente la actividad de los autónomos que deberían dar el salto a la estimación directa (para toparse, principalmente, con más impuestos y más burocracia).
De igual modo, el estudio del NBER correlaciona los pagos en negro y el desempleo: cuanto más alta es la tasa de paro, mayor volumen de economía sumergida existirá en un país. Así, durante una crisis, los empleos no declarados aumentan como un modo efectivo de obtener ingresos rápidos.
Además, en este contexto, pese a la dudosa moralidad de las acciones, las pymes pueden optar por tratar de reducir gastos con empleos sin contratos y venta de producto sin facturas como única forma de mantenerse activas.
En cierto sentido, es la pescadilla que se muerde la cola: se confirma que la economía sumergida se reduce en ciertos países (Bélgica, Suecia, Alemania) donde se utiliza la tarjeta y se digitalizan pagos, pero donde también se han simplificado las declaraciones fiscales; de igual modo, se dificulta esta posibilidad al establecer más burocracia y no reducir las desigualdades sistemáticas.
Por último, los pagos en negro siguen perpetuando una menor recaudación fiscal y, a su vez, desigualdades y distorsión en la competencia de los mercados.
El paper concluye que este desafío va más allá de perseguir y castigar: las medidas punitivas pueden ser una parte, pero necesitan de una revisión total del marco legal y administrativo que facilite el cumplimiento tributario y promueva una cultura de transparencia y responsabilidad fiscal.