En el gráfico que acompaña al artículo se muestra la evolución de la deuda que han contraído las Administraciones Públicas desde 2007 hasta 2012 en comparación con la deuda de los agentes privados. La evolución de una y otra es más que significativa. La máxima expresión del fenómeno conocido como Crowding Out está presente. Y hoy más que nunca.
Y es que, según datos publicados por el Banco de España, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas ha aumentado hasta los 943.702 millones de euros hasta junio, lo que marca un nuevo récord histórico, tras crecer en un solo mes en 6.368 millones de euros, y situarse en un nivel del 90,1% del PIB. Parece ser que el grifo está abierto... para las Administraciones Públicas.
Parece lógico pensar que la deuda pública puede aumentar en épocas de recesión. En efecto, si hay muchos empleados que pierden sus puestos de trabajo, el trabajador deja de cotizar a la Seguridad Social y de contribuir a Hacienda para ser un perceptor de ayudas públicas. Al haber menos ingresos, el Estado debe emitir deuda pública para garantizar este tipo de ayudas.
Sin embargo, lo que no parece tan lógico es que los gastos burocráticos sigan creciendo, que es precisamente lo que está sucediendo en las Comunidades Autónomas, en las que sus gastos burocráticos crecieron un 50% desde que comenzara la crisis allá por el año 2007. Gastos que, en muchos casos, no están justificados si tenemos en cuenta la coyuntura actual y que redundan en una mayor necesidad de financiación materializada en forma de mayor deuda pública.
Por el lado del acreedor (entidades financieras, por ejemplo), adquirir deuda pública resulta ser un negocio perfecto. Por un lado, obtienen una mayor rentabilidad a un riesgo mucho menor que si se lo prestan a un particular o a una empresa; por otro, los títulos de deuda pública sirven como colateral para nuevos descuentos en el BCE y, por último, no tienen que dotar ninguna reserva. Un negocio redondo.
Un nivel de deuda pública del 90% es una mala noticia. Ya no solo porque es una deuda que vamos a tener que pagar entre todos, sino, además, porque se están detrayendo recursos del sector privado que se usan de manera improductiva en el sector público. Reducir esta deuda ha de ser una prioridad pero, también, procurar, en la medida de lo posible, no sobreemitir más deuda pública que siga perjudicando a las empresas en la búsqueda de su financiación y, en especial, a las pymes.
En Pymes y Autónomos | Las dudas se despejan: el grifo del crédito seguirá cerrado