Una de las últimas medidas encaminadas a reducir el déficit fiscal y cumplir con los compromisos contraídos con la Unión Europea ha sido reformar en parte el Impuesto de Sociedades. Antes de la formación de Gobierno, Luis de Guindos anunciaba un adelanto de los pagos fraccionados y, más recientemente, se eliminaron algunas deducciones, lo que en la práctica supondrá un aumento en la carga efectiva del impuesto que afectará, en mayor medida, a las grandes empresas.
Evidentemente, esta modificación tiene un efecto directo sobre la tesorería de las compañías afectadas, pues la mayor carga fiscal que tendrán que asumir las sociedades supondrá una reducción en su liquidez. Pero no acaban aquí los problemas. Muchas pymes y autónomos temen que puedan aumentar todavía más los plazos de pago a proveedores, especialmente en sus relaciones con las grandes empresas.
Y en la actualidad, el plazo no es ni mucho menos bajo, ni por supuesto el máximo que establece la Ley. Si las Administraciones Públicas extienden este plazo de pago 77 días por encima de lo que permite la Ley, las empresas pagan, de media, a 126 días, más del doble del máximo que permite la Ley.
No hay que olvidar que muchas pymes y autónomos tienen como único socio comercial una gran empresa. En consecuencia, el poder de negociación es asimétrico, y las pequeñas empresas tienen muy poco que decir a la hora de negociar nuevos contratos o reclamar períodos de impago.
De hecho, esta ha sido una de las principales razones por las que el IVA de caja ha fracasado, pues muchas grandes empresas no estaban dispuestas a renunciar a las deducciones en el impuesto.
La morosidad se ha convertido en una de las mayores lacras que afecta a los pymes y autónomos. No en vano, uno de cada cuatro autónomos han cerrado sus puertas en los últimos años debido a problemas de morosidad, y más de la mitad de los autónomos reconoce haber tenido algún problema de morosidad en los últimos años.
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