El fin justifica los medios, o por lo menos eso es lo que piensan los inspectores de Hacienda al proponer que puedan actuar de incógnito en las empresas para poder investigar el fraude fiscal.
El procedimiento actual obliga, en los casos de inspección fiscal, a la identificación de los inspectores, la comunicación al contribuyente del inicio de la inspección y del alcance de la misma. El procedimiento hasta indica que si el contribuyente no accede a ello o hay una orden judicial ni siquiera pueden entrar en el domicilio del inspeccionado. Todo ello en aras de mantener una cierta seguridad jurídica.
Decididos a hace lo posible para luchar contra el fraude lo que piden es saltarse esa seguridad jurídica y poder "campar a sus anchas" para encontrar indicios de fraude, todo ello sin necesidad de anunciar al que se inspecciona de que se está procediendo contra él.
O sea que se pasaría de un procedimiento regulado en el cuál el contribuyente es requerido y ha de presentar la información y los documentos que se le pidan a una investigación pseudo-policial en el que el inspector es libre de actuar como quiera para intentar obtener información que sea determinante para proceder contra el investigado, aunque ésta no exista.
No me imagino a un par de personas con lupas y gabardinas infiltrados en la sede central de Telefónica o de Endesa recorriendo a hurtadillas las oficinas en busca de documentos comprometedores para la compañía, supongo que eso no ocurrirá nunca. Eso sí, seguro que si se aprueba la medida a más de una pyme le harán una visita sorpresa.
Además de ésto también proponen que se paguen recompensas a los que denuncien los casos de fraude que conozcan. Ahora mismo ya existen procedimientos de denuncia, que puede ser anónima, pero por supuesto Hacienda no gratifica al denunciante, con ésto parece que se pretende dar incentivos para que el número de denuncias aumenten.
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