En un entorno de crecimiento económico como en el que nos encontramos en la actualidad, la morosidad debería comenzar a ser un asunto con una importancia menor. Sin embargo, a estas alturas todavía sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de la economía española.
Y es que, aunque los plazos de pago a proveedores se han reducido en los últimos meses (y previsiblemente se reducirán aún más), todavía están lejos de los plazos establecidos por la Ley de Morosidad y de lo que marca el Tribunal Supremo. Recordemos que, si bien estos plazos no pueden superar los 60 días, en algunos casos se sitúan en más de 150 días.
Por esta razón, los principales partidos que componen el arco parlamentario están tomando posiciones para evitar uno de los mayores problemas con los que tienen que lidiar las pymes españolas, pues comprometen su supervivencia futura por la falta de liquidez que les supone aplazar los pagos.
La mayoría de ellos coinciden en que este problema se podría atajar estableciendo un proceso sancionador claro que sirva para disuadir a las empresas y administraciones públicas incumplidoras. Para ello, los partidos piden llevar a cabo llevar a cabo campañas divulgativas que conciencien a todos los agentes de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales.
Entre 2007 y 2012, desaparecieran en nuestro país 61.642 empresas y se destruyeran 600.000 empleos como consecuencia de la incidencia de la morosidad de la administración, y muchas más si tenemos en cuenta al resto de empresas. Por poner dos ejemplos de empresas importantes de nuestro país, Ferrovial tarda 536 días y Acciona, 425.
No hay que olvidar que, por el momento, las medidas tomadas para evitar la morosidad han estado lejos de lograr su objetivo. Tanto el IVA de caja como el plan de pago a proveedores no han conseguido, por diferentes razones, sus objetivos.
En Pymes y Autónomos | Las Administraciones Públicas aumentan el período de pago a proveedores a 113 días
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