España está muy cerca de perder los 11.600 millones de euros del quinto (7.600 millones) y el sexto pago (4.000 millones) del programa de fondos europeos Next Generation.
Para su obtención, el Gobierno debía sacar adelante la reforma fiscal como condición sine qua non, con varias legislaciones clave como la simplificación del IVA o los impuestos verdes) y, esta, ha sido tumbada (por tercera vez) entre vetos cruzados de los bloques, y deja al Gobierno con un margen escaso.
Vetos cruzados
Nadie quiso dar su brazo a torcer, esa es la conclusión que se compartía en privado a principios de semana, según todos los medios. Los principales puntos de fricción: el gravamen a la banca y las energéticas.
Desde los bloques de izquierda, se exigían medidas más efectivas y sociales —incluso se recriminó al PSOE su equidistancia—, mientras que partidos como PNV y Junts, o las ya conocidas presiones del BBVA y CaixaBank sobre los partidos políticos vascos y catalanes, han obligado a suavizar y reducir las condiciones del pacto.
Para llegar hasta aquí, los retrasos reiterados han tenido mucho que ver. Durante el primer semestre de 2024, en teoría, debería haberse aprobado el paquete tributario; sin embargo, el PSOE intentó dar por cumplido el plan y el ejecutivo no ha reaccionado hasta la llegada del nuevo Plan Fiscal y Estructural desde Europa. Por ello, se escogió una ley en trámite para incluir —a través de un gran número de enmiendas— su reforma fiscal.
¿El problema? Si Hacienda no consigue el apoyo de los grupos parlamentarios, el texto base podría caer. En este caso, no solo se arriesgarían los fondos de la financiación comunitaria, sino que se pueden llegar a recibir sanciones por parte de la Comisión Europea.
Adiós, reforma fiscal
Y (por ahora) así ha sido. La propuesta del Ministerio de Hacienda, que incluía fijar un impuesto mínimo del 15 % a las multinacionales, no ha conseguido los apoyos necesarios y, además, ha mostrado un abismo entre ERC, Podemos, Bildu y Sumar frente al Gobierno.
Para adelante, han salido enmiendas puntuales: subir dos puntos el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, bajar el impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros y una mejora de la tributación de las actividades artísticas.
Por la mínima, ayer, el Gobierno español consiguió pactar con partidos como Junts, Bildu, ERC y BNG un nuevo impuesto progresivo para la banca, que eleva el tipo al 7 % para entidades con bases imponibles superiores a 5.000 millones de euros. También se amplía el alcance del tributo a bancos extranjeros (con sede fuera) que operen en España.
De lo que se preveía, lo más hablado y esperado, casi nada. Aunque se intentará salvar el impuesto a la banca, y a las eléctricas que no se comprometan con la descarbonización (el resto, quedarán exentas de tributos). Tampoco se ha conseguido equiparar el diésel a la gasolina, ni sacar adelante el plan de quitar la ventaja fiscal de las socimis o la penalización a los seguros privados sanitarios.
Montero ya había pospuesto varias veces la votación, así como modificado gran parte del texto que debía negociar la reforma fiscal a cuatro bandas, o más. El intento de Hacienda, como estaba planteado, ha fracasado, y al Gobierno se le acaba el escaso margen que tenía para los Presupuestos Generales del Estado. Hoy, todo sigue en el aire; durante el día, saldremos de dudas.
Y ahora ¿qué?
¿Y los fondos NextGen?
Los fondos NextGen (Next Generation EU) surgieron en julio de 2020 como un instrumento excepcional de recuperación de los estados miembro tras la pandemia. El objetivo: dotar de 750.000 millones de euros a Europa como una respuesta coordinada para lidiar con las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Para el quinto tramo de los pagos, que se veía realista solicitar antes de final de año desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, España lo veía ligado, y muy ligado, a la reforma fiscal.
En la tesitura actual, la Comisión Europea puede retrasar o directamente suspender los desembolsos de fondos asignados, así como bloquear futuros pagos hasta negociar una solución. A nivel europeo, esto también puede suponer la pérdida de fiabilidad de nuestro país y dificulta futuras peticiones de apoyo financiero.
En la práctica, el presupuesto restante hasta los 60.000 millones destinados para España tendría un impacto significativo tanto en los autónomos como en las pymes, que son los colectivos principales de estos fondos.
La falta de acceso a los fondos limitaría la implementación de programas como el famoso kit digital, con ayudas clave para la transformación tecnológica. Sin estos recursos, muchas empresas enfrentarían dificultades para adoptar herramientas digitales esenciales o para realizar mejoras tecnológicas en procesos productivos.
De igual modo, la pérdida de estos fondos puede suponer cierta desventaja frente a competidores de otros países europeos que sí accedan a estas ayudas para mejorar la productividad, optimizar operaciones o cumplir con estándares internacionales.
Por último, y aunque se puede prever cierto impacto económico generalizado, peligran, sobre todo, los procesos de sostenibilidad y digitalización, muy ligados a inversiones críticas en energías renovables, descarbonización o conectividad digital, que pueden dificultar el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos.