El Gobierno quiere reducir el gasto energético y ahorrar gas en consonancia con las medidas adoptadas por la Unión Europea. Y por ello se ha lanzado el plan de ahorro energético para la climatización. Para asegurarse de su cumplimiento y por si alguna empresa tienen dudas de si aplicarlo o no, las sanciones a las que se enfrentan las empresas van desde los 60.000 a más de 100 millones de euros por incumplir el plan de ahorro energético.
Las faltas más leves pueden sancionarse con 60.000 euros una cantidad que para un pequeño comercio a pie de calle puede suponerle directamente tener que cerrar. Es cierto que se ha asegurado que se va a dar margen de adaptación, pero el hachazo en caso de sanción está grantizado.
Régimen sancionador del plan de ahorro energético
El Real Decreto Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, sino que en este aspecto lo remite al marco normativo para el consumo racional de energía. Así, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, aunque modificando los umbrales de temperaturas entre 19 y 27º, uno menos y uno más respectivamente que hasta los ahora implantados.
Las sanciones es estipulan según la Ley 21/1992 en función de su gravedad como:
- Las infracciones leves con multas de hasta 60.000 euros.
- Las infracciones graves con multas de hasta 6.000.000 euros.
- Las infracciones muy graves con multas de hasta 100.000.000 euros.
La cuantía de la infracción dependerá de cuestiones como el daño causado, la capacidad económica del infractor, la intencionalidad o la reincidencia, entre otras cuestiones. Y hay que tener en cuenta que estas medidas serán de obligado cumplimiento al menos hasta el 31 de marzo de 2023, pero todo dependerá de cómo evolucione la crisis energética.
La cuestión es que en un plazo tan corto, entre que se pone en marcha la medida, se detecta algún incumplimiento, se envía un primer requerimiento antes de sancionar y demás cuestiones legales es posible que muchos piensen que no les compensa tomar dichas medidas y no adaptar sus establecimientos a las exigencias tanto en temperatura como en política de puertas cerradas.
Otros ante la incertidumbre prefieren esperar. Ya han visto recientemente como la confusión legislativa con el COVID les obliga a realizar inversiones que luego son complicadas de amortizar y se convierten en un gasto que lastra los beneficios de las empresas.