El COVID-19 continúa causando verdaderos estragos en la economía mundial en general, y la española en particular. Con 22 casos ya confirmados en nuestro país y las bolsas de todo el mundo desplomándose, el virus sigue expandiéndose a gran velocidad, y es probable que el número de infectados supere ya con creces este número.
Esta situación de excepcionalidad ha obligado a muchas empresas a adaptar sus procesos con el fin de evitar contagios dentro de los centros de trabajo. La Ley Orgánica de medidas en lo que a salud pública se refiere hace posible restringir algunas libertades, entre las que se encuentra la libertad de movimiento, lo que impediría a los empleados acceder a sus puestos de trabajo de forma habitual.
El propio Estatuto de los Trabajadores, en los apartados 1 y 2 del artículo 45 ya recoge la suspensión del contrato por fuerza mayor y la exoneración de las obligaciones de ambas partes de trabajar y remunerar el trabajo. Es decir, ante esta circunstancia excepcional, la ausencia al puesto de trabajo estaría plenamente justificada, aunque la empresa podría reservarse el derecho de obligar a sus empleados a recuperar estas horas de trabajo o no remunerar estas ausencias.
El teletrabajo como solución: el ejemplo de Italia
Para evitar los problemas que está causando (y que probablemente causará) el COVID-19 en el ámbito laboral, cada vez son más las empresas que optan por el teletrabajo como alternativa. En Italia, el país donde más se ha extendido el virus, el Gobierno ha publicado un decreto-ley de urgencia que permite que las empresas y empleados opten por el teletrabajo hasta el 15 de marzo en seis regiones del norte del país.
El objetivo no es otro que limitar la expansión del patógeno y que directivos, técnicos o personal de oficina permanezcan en sus casas para evitar aglomeraciones en las sedes empresariales. En este grupo se incluyen también los funcionarios de la Administración Pública italiana también podrán recurrir a esta modalidad de trabajo, como establece una reciente directiva.
Evidentemente, este contexto de excepcionalidad ha obligado al Gobierno a tomar medidas temporales para frenar el avance del coronavirus sin que por ello la actividad económica se vea resentida. Esperemos que esta situación haya marcado un antes y un después en lo que a implementación del teletrabajo se refiere y que al menos el COVID-19 haya servido para animar a los empresarios a poner en marcha esta medida de conciliación.