La mayoría de expertos coinciden en que el sistema de pensiones de la Seguridad Social está en peligro como consecuencia de la demografía española. En 2015, el número de muertes superó por primera vez al número de nacimientos, y esta tendencia se acentuará en el futuro, provocando un paulatino envejecimiento de la población.
Por esta razón, cada vez son más los políticos y expertos que tratan de dar solución a un problema estructural que afectará a los futuros pensionistas, proponiendo medidas para paliar sus efectos. Esto es precisamente lo que ha planteado Fátima Báñez en el día de ayer, en unas jornadas sobre pensiones convocadas por Expansión y El Mundo, con una medida que, no dejará indiferente a nadie: que sea posible cobrar el 100% de la pensión y trabajar al mismo tiempo.
Según la actual Ministra de Empleo y Seguridad Social, la medida debería servir para que los mayores aporten su experiencia en beneficio de la sociedad a través de un empleo, sin que esto sea impedimento para cobrar la totalidad de la pensión. El único requisito sería alcanzar la edad legal establecida de 65 años.
Desde 2013, esta posibilidad está limitada al 50% de la pensión de jubilación, a todos aquellos que cumplan la edad ordinaria de jubilación y no tengan derecho a pensión completa.
Una reforma para reducir la economía sumergida
Pero, ¿qué está detrás de este planteamiento? Aunque el actual ejecutivo en funciones haya querido disfrazarlo como una aportación extra de nuestros mayores hacia los más inexpertos, lo cierto es que se trata de una medida que tiene luces de ser la antesala de una reforma más amplia en el sistema de pensiones español.
Se trata de una medida que trata de incentivar la continuidad de las personas jubiladas en la vida activa y laboral y, de paso, seguir aportando a la Seguridad Social. Hay personas, más o menos cualificadas, que tras cumplir 65 años, se encuentran igual de motivadas que las personas jóvenes pero con otras perspectivas de vida a partir de ese momento. De esta manera, la medida cumple un doble objetivo: por un lado, evitar que estas personas sigan activas sin cotizar a través de la economía sumergida y, de paso, nutrir de mayores cotizaciones a la Seguridad Social.
¿Cómo se articulará?
A falta de su regulación definitiva, si es que entra en vigor en algún momento, cabe esperar que se articule igual que ocurre en estos momentos, en que el trabajador recibe el 50% de la pensión que le corresponda, es decir, el importe del reconocimiento inicial y de las revalorizaciones, sin incluir complementos a mínimos, sin restricción en cuanto a tiempo. Cuando se deja de trabajar, se recibe el 100% de la pensión.
En estos supuestos, la cotización a la Seguridad Social es del 8% de su base. Para los trabajadores por cuenta ajena, la empresa se hace cargo del 6% y el trabajador del 2%. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, lógicamente, el abono del 8% corresponderá al autónomo.
Cabe esperar que, como hasta ahora, sean los profesionales autónomos quienes más se beneficien de esta medida. Este año, de los 30.900 jubilados que tienen un empleo, el 80% son autónomos, colectivo al que, además, se le permite jubilarse de forma anticipada a los 63 años.
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