Durante el día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística publicaba su Encuesta de Condiciones de Vida, publicada de manera anual. Y, como cada año desde que comenzara la crisis, la pobreza y el riesgo de exclusión social siguen siendo, por desgracia, tónicas generales entre la población de nuestro país.
Una de cada cinco personas que vive en España lo hace al borde de la pobreza, lo que en parte desmitifica el vigoroso crecimiento español. Tal punto ha alcanzado este problema que, en la actualidad, los jubilados viven en menor riesgo de pobreza y exclusión social que la población activa.
En concreto, y mientras la tasa de pobreza cayó para el conjunto de los jubilados desde un 20% en 2008 hasta el 11% actual, en el caso de los trabajadores, tanto asalariados como autónomos, esta cifra pasó del 11% al 14,1% en el mimso período, debido a la precarización en el empleo y a la nula capacidad de ahorro de los trabajadores españoles.
La situación es aún peor si nos fijamos en los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo. De este colectivo, casi la mitad (el 48,5%) está en riesgo de pobreza, mientras que entre las personas inactivas (aquellas que no buscan empleo), este porcentaje es también bastante elevado, del 25,7%.
Se trata de una situación desconocida en la historia reciente de la sociedad española. Hasta ahora, el sistema de bienestar español había garantizado, más mal que bien, unas ciertas garantías condiciones de vida a los ciudadanos. En la actualidad, ni siquiera es capaz de proporcionárselo a los trabajadores activos, lo que es un claro ejemplo de lo insostenible de este sistema.
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