Uno de las principales preocupaciones de las empresas españolas, especialmente las más pequeñas, es el retraso en el pago de las facturas, que muchas veces acaba convirtiéndose en impago. Según revela el último Barómetro de la Pyme, desarrollado por Cepyme, la crisis desatada por la pandemia ha reducido los ingresos del 92 por ciento de las pymes, y nueve de cada diez empresas ha recibido peticiones para alargar sus plazos de cobro, lo que ha tenido un impacto directo sobre su liquidez.
Quizá por ello, muchas empresas se han comprometido a reducir sus plazos de pago. Según apunta el Informe Europeo de Pagos de Intrum, casi la mitad de las empresas españolas (48 por ciento) ya cuenta con un código ético que fomente el pronto pago, 11 puntos por encima de la media europea (37 por ciento).
De esta manera, España se sitúa como uno de los países de nuestro entorno más proclives a favorecer el pronto pago, al mismo nivel que Noruega y Reino Unido (48 por ciento). Encabezando el ranking, se encuentran las compañías suizas, donde la mitad de ellas (50 por ciento) aplica estas medidas.
Este compromiso también tiene reflejo en los intereses de demora de las facturas impagadas. Se trata de un derecho recogido en diversas directivas europeas, pero tan solo el 28 por ciento de las empresas españolas aplicaba este recargo en 2020, 23 puntos porcentuales superior a 2019, motivado, entre otras causas, por la crisis de la pandemia y el mayor conocimiento de la directiva europea.
Hay que tener en cuenta que, según el informe de Intrum, los pagos a tiempo son fundamentales para mantener la confianza de los socios y de proveedores, aumentando la liquidez de las empresas a fin de mejorar la competitividad y productividad de las organizaciones de todos los tamaños.