Hoy he leído una curiosa (a la par que lamentable) noticia en el Diari de Girona que dice “Trabajo multa una empresa de Girona por hacer un contrato indefinido a una embarazada”
El caso es que estando la mujer embarazada, fue contratada en fecha de noviembre de 2008; posteriormente obtuvo la baja por maternidad y al finalizar la misma, siguió trabajando para la empresa. ¿Qué sanción han impuesto a la empresa y porqué?
La sanción es de 6.251,00€ y ha sido recurrida por el abogado contratado por la empresa (que no de la empresa como suele decirse erróneamente). Al parecer, y según manifiestan las propietarias afectadas por el acta, han recibido un trato injusto por parte de la inspección, así como se han tergiversado las manifestaciones a lo largo del proceso de inspección.
Imagino que la sanción se habrá impuesto por colaborar, mediante la contratación de la trabajadora, en la obtención fraudulenta de prestaciones (Arts. 23 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.) Sin duda una decisión (embarazosa) difícil de tomar por parte de la inspección. Más les vale que esté basada en manifestaciones claras, contundentes y concluyentes (y casi diría que grabadas) por parte de las diferentes protagonistas del espectáculo, pues en caso contrario, y expresándolo mal, la decisión “está fea”.
Si despedir a una mujer embarazada no está bien, siendo la decisión nula (que no improcedente) pese a no saberse con certitud la causa del despido, sancionar a quien las contrata en ese estado, y por ese motivo (con la intención de obtener una prestación) no deja de ser un despropósito.
Más les hubiera valido dirigir sus esfuerzos (pagados con dinero público… y a crédito que es peor) a otros menesteres y actuaciones, no sé si tan lucrativas (6.251,00€ no están nada mal), pero sí menos controvertidas.
Imagen | Galería de Mahalie
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