Es una de las situaciones más denunciados por pymes y autónomos a lo largo y ancho de nuestro país; un problema que está lastrando los saldos de tesorería de las empresas, amenazando su supervivencia y que tiene visos de convertirse en un problema crónico y estructural.
Sí, estoy hablando de los continuos impagos públicos por parte del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, los cuales acumulan facturas impagadas con pymes y autónomos que ascienden a casi 5.000 millones de euros, según datos recientes de la federación de autónomos. El problema, a pesar de la Ley de Morosidad y diversas directivas europeas de lucha contra la morosidad, sigue sin solucionarse.
Llama la atención que, incluso con estas normas en vigor, que obligan a las administraciones públicas a pagar a sus proveedores en 30 días y aplica recargos de más del 8% si se produce un impago, las administraciones públicas continúan siendo morosas con respecto a sus proveedores.
Tanto las administraciones como el propio sector privado incumplen esta normativa y los períodos medios de pago en España se sitúan en 144 días, frente a los 30 que establece la ley como plazo máximo de pago las Administraciones Públicas y 60 días para el resto de empresas que actúan como proveedores.
Si a todo ello le unimos la sequía de financiación en forma de descuento de remesas de efectos comerciales a las empresas, en especial de pagarés y letras de cambio, el cóctel no puede ser peor para las empresas. La liquidez empresarial se ve muy mermada y obtener recursos para pagar los compromisos de pago a corto plazo se convierte en una auténtica aventura.
El aspecto positivo que se extrae de la lectura de las cifras es que tanto la cuantía adeudada como los periodos de pago por parte de las administraciones públicas a los autónomos se ha reducido ligeramente en los tres últimos meses; ha pasado del plazo medio de pago de 151 días a los 144 y la cuantía ha descendido en unos 15 millones de euros, hasta situar el monto total en torno a los 4.824 millones de euros.
En Pymes y Autónomos | La ley de morosidad es un fracaso: hasta 144 días de retraso en el pago a proveedores Imagen | Moncloa
