Los varios y consecutivos Planes de Pago a Proveedores que el Gobierno ha ido diseñando para intentar eliminar las deudas de las Administraciones no están cumpliendo con su principal objetivo, poner el "marcador a cero" y posibilitar que se cumpla desde los Organismos Públicos el plazo de pago dictado por la Ley contra la Morosidad. Sin embargo uno de los factores principales con los que cuenta, o contaba, el Gobierno para su aplicación va perdiendo fuerza porque los proveedores están perdiendo el miedo a reclamar sus deudas.
Ya comentamos en anteriores ocasiones que algunos de los requisitos para acogerse a este plan de pagos es la renuncia a los intereses de demora, establecidos por la propia Ley, e incluso someterse a una quita de la deuda para conseguir el cobro con mayor rapidez. Sin embargo últimamente son más las empresas que no "pasan por el aro" y prefieren defender sus derechos, aun sabiendo que el cobro se pueda demorar más del lo establecido.
La legislación española no prevé un régimen sancionador para estos casos, sin embargo la Directiva de la UE obliga a los países miembros a tomar medidas al respecto por lo que cada vez son más las empresas las que están dispuestas a, acogiéndose a la normativa comunitaria, optar por reclamar a sus derechos.
Uno de los factores que reducían estas posibles reclamaciones ante las deudas de las Administraciones, o de grandes empresas en posición dominante, era el hecho de que enfrentarse a ellas podría suponer la pérdida de las posibilidades a seguir optando a ser proveedor de estas entidades, lo que era aprovechado por éstas.
Sin embargo no pocas empresas están. a la vista de las dificultades, renunciando a trabajar como proveedores en estas circunstancias, por lo que la cuestión que antes podía suponer un freno a las reclamaciones está dejando de ser tal.
Las empresas no sólo adelantan los productos o servicios que suministran, a la espera de cobrar mucho más tarde de lo pactado, si no que en la inmensa mayoría de los casos también deben anticipar el pago de los impuestos inherentes a estas operaciones, por lo que en el caso de la Administación se está financiando doblemente.
Por eso muchas empresas ya no están dispuestas a continuar en esta situación y ahora están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, en la mayor parte de las ocasiones, esa posición de resistencia depende de la capacidad de aguante económico que tengan, ya que si la situación es muy desesperada hay que agarrarse a lo que se puede, renuncia de intereses y quita incluidas.
Desde luego lo que todas reclaman es ese régimen sancionador que haga que la Ley se cumpla en mayor medida que hasta ahora, porque aquí parece que sólo funcionamos para evitar el castigo.
Vía | Cinco Días En Pymes y Autónomos | La ley de morosidad es un fracaso: hasta 144 días de retraso en el pago a proveedores Imagen | Manolo Gómes