Una de las medidas incluida dentro del borrador de Presupuestos Generales del Estado que PSOE y Podemos presentaron la semana pasada era la limitación de los pagos en efectivo a tan solo 1000 € con el fin de reducir la economía sumergida y el fraude fiscal. Esta reducción supondrá un 60% menos que el anterior límite, de 2500 €.
Se trata de una medida que ya estaba proyectada en 2016 pero que el anterior ejecutivo nunca llegó a materializar. Es ahora cuando se quiere recuperar, dando un paso más en la eliminación del dinero en efectivo, tal y como están haciendo otros países como Dinamarca, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal.
Ha sido durante el Consejo de Ministros del pasado viernes, donde se ha presentado el anteproyecto de ley antifraude, una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal, que ahora tiene que pasar por la aprobación del Congreso y el Senado antes de su aprobación definitiva.
Hay que decir que esta restricción en los pagos en efectivo se limita a los transacciones realizadas entre profesionales, dejando fuera a los pagos que se efectúan entre particulares y, en principio, también las restricciones de 15.000 euros vigentes en la actualidad cuando el pagador es una persona física que justifique que su domicilio social no está en España y no actúe como profesional o empresario.
Dentro de esta misma ley también se encuadran otras medidas para luchas contra el fraude fiscal, como la prohibición del software de doble uso para esconder contabilidades en B; un mayor control tributario contra las criptomonedas y la reducción de la cuantía que tiene en cuenta Hacienda para entrar en una lista de morosos, que descenderá desde el millón de euros hasta los 600.000 euros. Con todas estas medidas, el Gobierno pretende recaudar unos 822 millones de euros.