El presidente de la ATA, Lorenzo Amor, ha sido muy directo en sus declaraciones al diario “El País”. Las administraciones públicas, sin distinción de signo político, están contagiando su falta de liquidez a las empresas con las que acumulan unas deudas cada vez más cuantiosas.
No todas las administraciones tienen los mismos problemas de solvencia pero en general la situación es bastante preocupante. Jesús Terciado, presidente de Cepyme, nos da una cifra escalofriante: desde 2007 han desaparecido el 13% de las pymes (450.000 empresas) y aproximadamente la mitad por culpa de las altas tasas de morosidad.
¿Y la ley de morosidad? con estas cifras sobran las palabras. Las administraciones de nuestro país tardan el triple de tiempo que la media europea en efectuar sus pagos situándose en un plazo aproximado de 5 meses aunque con casos mucho más sangrantes.
Si entrara en vigor la normativa europea que se estudia aplicar en 2013 supondría que tendríamos que rebajar en 4 meses el periodo de pago a microempresas hasta llegar a uno. ¿Es esto posible visto lo visto o solo se enquistarían las deudas por culpa de las posibles sanciones?
Los organismos públicos han visto recortadas sus vías de financiación y cada vez se habla más de establecer techos de gasto de modo que parece complicado que la situación se pueda solucionar a corto plazo. Mientras dura esta situación muchos empresarios se ven ahogados y se arrepienten de haberse convertido en proveedores de ayuntamientos, autonomías y/o estado central.
“Nunca se sabe cuándo vas a cobrar pero al final cobras.” Esta sentencia la he podido escuchar en numerosas ocasiones pero posiblemente muchos piensen que ahora ese “plazo” es inaceptable pues cerca del 90% de las pymes han tenido problemas de liquidez en el primer trimestre de 2011.
Con la crisis económica un retraso en los cobros pueden ser un gran problema que lastra el crecimiento, la creación de empleo y acelera la destrucción de muchas pequeñas empresas.
Desconozco si las declaraciones de Lorenzo Amor son exageradas (a priori diría que se ha excedido) pero sin duda esconden parte de una realidad palpable.
¿Solución? Cuando el problema parte del propio sistema pocas soluciones pueden haber más allá de aumentar las exigencias por vía legal, rezar por una normativa europea que proteja al proveedor y quizás abrir nuevas líneas ICO para ayudar a los ayuntamientos a lograr liquidez. Con el cambio de gobierno en muchos de ellos se puede abrir la caja de pandora. Con las arcas vacías el rango de acción es mínimo y hacen falta soluciones inmediatas o para muchos el pago llegará demasiado tarde.
Más información | El País
Pymes y Autónomos | Las deudas de los Ayuntamientos. Un caso real, Impagos: cómo cobrar una deuda
Imagen | Bradipo