¿Por qué el sistema de pensiones es insostenible? El ejemplo de Juan García
Juan García es un trabajador como tú y como yo. Tiene 65 años, lleva 40 años cotizando a la Seguridad Social y le toca el momento de jubilarse, con una pensión de unos 1100 € al mes. 20 años después, fallece. En realidad, Juan García podrías ser cualquiera de nosotros y es el ejemplo ideal que ilustra por qué el sistema de reparto de la Seguridad Social no es sostenible.
El motivo es fácil de comprender. Pongamos que un español gana, de media, unos 20.000 € al año y para simplificar la ecuación, que cotiza en el Régimen General de la Seguridad Social como asalariado. Su base de cotización es de unos 1.600 € al mes, de modo que, por contingencias comunes, abonará a la Seguridad Social unos 452 € al mes, el 28,3% de esa base de cotización que estará en concordancia con su salario.
Supongamos, además, que cotiza durante 40 años. En total, habrá abonado a la Seguridad Social 217.344 €. En circunstancias normales, Juan percibirá una pensión de unos 1350 € brutos al mes. Si suponemos que fallece a los 85 años, Juan habrá recibido de la Seguridad Social un total de 378.000 €, un 73% más de lo aportado a lo largo de toda su vida laboral (unos 160.000 € más).
¿Quién cubre esta diferencia?
El sistema de reparto actual se basa en la equidad intergeneracional, es decir, que los cotizantes actuales paguen las pensiones actuales. Para que Juan pueda disfrutar de su jubilación, es necesario que haya al menos 1,73 trabajadores en activo cotizando y aportando a la Seguridad Social, aunque los expertos actuariales recomiendan que esta cifra se eleve hasta, al menos, 2 trabajadores por pensionista para mantener el sistema en equilibrio.
2017 cerró con 2,23 trabajadores por cada pensionista, la ratio más baja desde 1999, porque ha aumentado la cifra de jubilados y ha descendido la de cotizantes a la Seguridad Social. La pirámide demográfica actual, unido a un aumento en la esperanza de vida y a la persistente tasa de paro estructural presente en nuestro país no trae buenas noticias, y el futuro puede ser aún peor.
Según un informe de la OCDE, en 2050 habrá 76 jubilados por cada 100 habitantes en edad de trabajar (que no tiene por qué corresponderse con trabajadores en activo). Suponiendo que todos ellos trabajasen, la ratio sería de 1,31, una cifra bastante inferior a la necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
¿Qué soluciones hay?
En septiembre de este mismo año, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, fue tajante cuando le preguntaron por la sostenibilidad del sistema público de pensiones actual: no será viable dentro de diez años, y asumió que, a partir de 2019, "habrá que buscar un nuevo arreglo", haciendo así referencia a la necesidad de aprobar nuevos ajustes o reformas para que se mantenga en el tiempo.
Para que el sistema pueda continuar funcionando, es necesario que, o bien se recorten las pensiones públicas, o bien aumenten las cotizaciones a los empleados y autónomos o bien se alarguen los periodos de cotización. Las dos primeras son inviables, bien por razones políticas o bien por razones de competitividad empresarial. La tercera de ellas está en marcha, y supondrá un alargamiento en la edad de jubilación hasta los 67 años, con un aumento del periodo de cotización hasta los 38 años y 6 meses en el año 2027.
A todo ello se le añaden algunos parches que han ido poniendo en marcha los diferentes Gobiernos. El factor de sostenibilidad, que finalmente no entrará en vigor, como mínimo, hasta 2023, vinculará las pensiones a dos variables: la esperanza de vida (a través del factor de equidad intergeneracional), y la salud de las arcas públicas (a través del factor de revalorización anual, que se movería entre unos valores situados entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,5%), aunque esto lleva en marcha desde 2014.
Sin embargo, estas medidas pueden no ser suficientes. El sistema de reparto por sí solo supone otros desafíos en el futuro de difícil solución. Por eso muchos otros estados han optado por una vía intermedia: combinar el sistema público actual con un sistema privado donde las empresas y los propios trabajadores ahorren para la jubilación, mediante, por ejemplo, incentivos fiscales.
Imagen | ErikaWittlieb
