Ayer en su Consejo de Ministros el Gobierno aprobó las modificaciones de la ley de auditorías y los planes de contabilidad de empresas con el objeto de adaptarlas a la normativa europea y dotarlas de mayor transparencia.
Por lo que respecta a la ley de auditoría contempla la adaptación normativa a la Directiva 2014/56, que ya tuvieron su transposición en España a través de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, que ahora desarrolla su reglamento con este Real Decreto que se publicará en los próximos días. El objetivo es mejorar la fiabilidad en la información financiera que se audita y en la que confían los terceros que actúan en el mercado.
Por lo que respecta a la transparencia se establecen un conjunto de requisitos de publicidad, como la obligación de emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público y la obligación de publicar los resultados de las inspecciones periódicas llevadas a cabo a esos auditores por parte del ICAC.
Por lo que respecta al Plan General de Contabilidad, se trata de converger con las normas financieras internacionales emitidas por el International Accounting Standards Board, así como a la Directiva de Auditoría y el Reglamento (UE) de auditoría de entidades de interés público de contabilidad financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), en concreto en los ámbitos de la contabilización de los instrumentos financieros (NIIF-UE 9) y el reconocimiento de ingresos (NIIF-UE 15). Esta adaptación no resulta de aplicación a las PYMEs, dado que éstas están sujetas a un régimen simplificado de presentación de informes.
Igualmente habrá que esperar a ver los Reales Decretos publicados oficialmente para ver con detalle el desarrollo reglamentario de ambas cuestiones. Se trata más de una obligación formal, donde lo que se busca en muchos casos es que las empresas reflejen fielmente su información financiera de forma fehaciente.
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