El previsible fracaso de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno parece hacerse realidad. Según datos de Hacienda, hasta el mes de julio sólo se habían acogido al procedimiento de regularización unas cien personas, lo que pone de manifiesto el escaso interés de los contribuyentes "afectados" por la norma para utilizarla.
Hay varios motivos para ello, por un lado la inseguridad jurídica derivada de los recursos presentados contra esta norma y que podría significar su anulación. Pero por otro está la desconfianza ante una medida que elimina la responsabilidad sobre el fraude cometido en ciertos impuestos pero no sobre otros.
En lo que respecta a las actividades profesionales y empresariales, la amnistía tiene efecto sobre el IRPF, pero no sobre el IVA. Por tanto aquellos que hayan generado un beneficio no declarado con su actividad podrán regularizar su situación en lo que respecta a la declaración de la renta de esas cantidades y el Gobierno les garantiza que no serán inspeccionados ni sancionados por este concepto.
Pero la amnistía no afecta al IVA, por tanto nadie garantiza que los órganos de inspección de la Agencia Tributaria no puedan investigar esa misma situación en lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, reclamar las cantidades no ingresadas por este concepto y sancionar al contribuyente por ello.
Desde el principio la amnistía fue una medida muy criticada por lo que supone al dar ventaja al defraudador, que puede regularizar su situación con un coste mucho menor que el que paga el que hace las cosas convenientemente, y el mensaje de impunidad que se lanza a la sociedad en lo que respecta al fraude fiscal.
El Gobierno puso por encima de esto su necesidad de aumentar los ingresos en un momento en que estos están bajando alarmantemente, pero ni con esas podrá lograr su objetivo. Aún quedan tres meses para que finalice el plazo para acogerse a esta medida, habrá que ver entonces el resultado de la misma pero no parece que vaya a tener el éxito esperado, por lo menos por el legislador.
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