Desde la aplicación de la reforma laboral de pasado año 2012, solamente están exentas de gravamen en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las indemnizaciones y cantidades percibidas con carácter compensatorio, cuando si lleguen a conciliación tras un despido.
Pues bien, parece ser que los ingresos fiscales no son suficientes, y el gobierno ya prepara un cambio en la interpretación de la norma, que salvando un mínimo exento, gravará todas estas indemnizaciones a partir del año 2015.
Sin lugar a dudas, este cambio tendrá un efecto inmediato en la cuantía de las indemnizaciones, que contarán con un líquido menor, y adicionalmente no mejorará la competitividad que algunos organismos como la CEOE reclaman, al no minorar el coste de los despidos al empresariado.
En definitiva, se trata de una medida fiscal que más que dinamizadora de la economía, me resulta confiscatoria. Justo en un momento en el que se está dando una recuperación incipiente, requiriéndose medidas fiscales de signo contrario.
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