Vivimos cada vez en un mundo más globalizado, un mundo donde las personas, los capitales, los productos y los servicios no entienden de fronteras, o cada vez en menor medida, generando en numerosas ocasiones incidencias legales, fricciones jurídicas. Algo así ocurre desde hace tiempo, pero cada vez con más fuerza, si hablamos de documentos, especialmente de documentos públicos generados en un país y que se quieren hacer valer en otro distinto. ¿Cómo los legalizamos, es decir, como hacer que se reconozca su validez en el pais de destino? Una solución clara es la Apostilla de la Haya.
La Apostilla de la Haya viene a sustituir a la legitimación consular o diplómatica de un documento público. Gracias a la firma de un Tratado Internacional, los paises que se adhieren al mismo (más de un centenar) reconocen entre ellos la validez jurídica de aquellos documentos a los que se ha adherido este sello o apostilla, que viene aser una suerte de salvaconducto internacional.
A través de este sistema se legalizarían todos los documentos públicos, a excepción de los diplomáticos y de los administrativos vinculados con operaciones aduaneras, por lo que resulta importante ser conscientes de su necesidad para aquellas pymes que quieran hacerlos valer en sus operaciones en el extranjero o que vayan a usar en nuestro país documentación pública de socios extranjeros.
Hay una amplia casuística en relación con las autoridades competentes para apostillar o legalizar en función de la clases de documentos: secretarios de la sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, el Decano Notarial de cada Colegio, el Ministerio de Justicia...a la cual habría que unir la posibilidad en algunos casos de poder optar por una Apostilla Electrónica a través de certificados digitales
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