Peligroso precedente el que ha sentado el gobierno alemán, al comprar información "supuestamente robada" para demostrar fraude fiscal y evasión de capitales perpetrado por un millar de empresarios. Funcionamiento equiparable a los mafiosos más afamados, y un sistema tan bueno como otro cualquiera para favorecer la comisión de múltiples delitos en la sociedad.
No conozco el ordenamiento jurídico alemán ni la legalidad o ilegalidad del procedimiento empleado, pero el mecanismo empleado es equiparable a la forma de actuar de D. Vito Corleone. Crucemos los dedos para que no extienda por Europa y España.
Y digo crucemos los dedos, porque tal y como Oscár nos comentó con este mismo caso, las denuncias a la Agencia Tributaria, no tienen repercusiones económicas para el denunciante, ni información sobre los acontecimientos que puedan ocurrir a posteriori de la denuncia. No existe empresa que no tenga algún desliz fiscal: "Quien no tenga pecados que tire la primera piedra", dijo alguien hace mucho tiempo, y en España, según las estadísticas, no tenemos pecados, sino que somos "los principales accionistas del infierno".
¿Que sucedería si un contable o personal de administración pudiera vender a Hacienda los trapos sucios de vuestra empresa? ¿Os fiariais de vuestros asesores, economistas o empleados de la propia empresa?. Evidentemente, la mayoría de empresarios se tendrán que hacer contables y expertos fiscales antes que meter a un "traidor en casa", o se olvidan de "tributar al margen de la ley", porque en este país, la ética de la inmensa mayoría, se mide en euros. La diferencia está en la cantidad de euros por los que cambiamos de opinión, sólo es esa.
Pero no obstante, no me parece una medida mala, es más la veo con más justicia que muchas de las que se imponen. Si el empresario se enriquece mediante métodos ilícitos, ¿por qué no favorecer a quien lo impida?. El fin justifica los medios, y parece ser que en la guerra contra el fraude se obtienen mejores resultados luchando con las mismas armas.
Es más en España, ya se están proporcionando algunas ventajas a los denunciantes de delitos, no en el ámbito tributario, pero si en competencia. Con la aprobación del reglamento de "La Ley de Defensa de la Competencia", se procede a eximir de sanciones a las "empresas chivatas", que denuncien la formación de cárteles en el mercado, mediante el articulado de un "sistema de clemencia".
Imagen: Secuencia de "El Padrino".