Ayer el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, participó en la Mesa de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Se trataba de dar a conocer las demandas del sector del comercio en cuanto a la recuperación pos-COVID-19 y el aprovechamiento de los Fondos Europeos. Y pidió eliminar el CNAE como criterio para optar a ayudas.
La CEC entiende que el uso del CNE excluye a un número importante de empresas en situación de gran vulnerabilidad que han tenido graves problemas económicos por una baja facturación, pero no pueden acceder a ayudas, incluir a sus empleados en ERTE bonificando los seguros sociales y estar dentro del paraguas de máxima protección, que por poca que sea siempre es de ayuda.
Campo solicitó que “el único criterio aplicable para acceder a estas ayudas se base en criterios económicos y no por sectores de actividad". Todos han estado perjudicados en mayor o menor medida por la crisis y se debería atender a sus necesidades en función del nivel de descenso en su facturación.
Entre las propuestas que pueden contribuir a ayudar a las empresas está la creación de las Oficinas Técnicas de apoyo digital al comercio local con el objetivo de potenciar e incentivar la digitalización del sector, con especial atención a la micropyme.
También la creación campañas de sensibilización orientadas al consumidor para que valore al comercio de proximidad frente a las grandes plataformas de venta por internet. A la vez la creación de planes de digitalización a medida, que complementen y protejan el modelo tradicional de comercio, basado en la venta física.
Por lo que respecta al momento de inicio de la recuperación la CEC aboga por
establecer una moratoria legislativa que no añada más complejidad a la ya de por sí difícil gestión de las más de 3.000 normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales que soportan en la actualidad los establecimientos de comercio en España, máxime en un periodo en el que está en juego la supervivencia de miles de comercios
Otras peticiones pasan por mejorar la protección del pequeño comercio frente al hurto multirreincidente a través de una modificación del código penal que castigue a aquellos que comente pequeños robos una y otra vez. También se ha solicitado suspender la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo por el impacto negativo que podría tener sobre la economía en un momento como el actual, algo complicado puesto que es una medida de lucha contra el fraude.
Lo cierto es que el comercio tradicional está en un momento crítico. Puede que con la vuelta a la normalidad nada sea igual. Y una vez que desaparezca todo este tejido será muy complicado volver a ponerlo en marcha, quedando en manos de grandes distribuidores, franquicias y grandes comercios. Poner en valor al comercio tradicional es el gran reto, digitalizarlo sin perder su esencia y que siga siendo bien valorado por el consumidor.