El cese de actividad sigue sin estar dentro de las necesidades de los autónomos. El hecho de ser una cotización que, desde 2015, es opcional pero, sobre todo, la dificultad para acceder a la prestación una vez el trabajador se ve en la necesidad de dejar de trabajar hace que muchos autónomos opten por no cotizar por este concepto y se queden con parte de sus ingresos.
No en vano, y de acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los ingresos obtenidos por cotizaciones por cese de actividad han caído un 11 % en los últimos tres años, desde los casi 150 millones de euros hasta los 132,6 previstos para este año que acaba.
Y es que apenas un 15 % de los más de 3,2 millones de autónomos que estaban registrados el pasado mes de septiembre cotizan por cese de actividad (499.234 trabajadores). Un 85 % de los trabajadores integrados en el RETA, por tanto, consideran prescindible esta cobertura.
El hecho de que, además, las prestaciones por cese de actividad estén financiadas exclusivamente con las cotizaciones específicas de dicha contingencia ha provocado un endurecimiento en los supuestos para acceder a ella, y que esté en permanente déficit. Los requisitos son estrictos y la prestación no suele superar los 600 euros al mes, lo que deja fuera al 60% de los solicitantes.
Ha sido, precisamente, el cambio normativo que se llevó a cabo en 2015 el que ha provocado esta situación. Inicialmente, la cobertura de la protección por cese de actividad estaba vinculada a la protección de contingencias profesionales, pero la modificación de la Ley de Mutuas estableció la voluntariedad de la protección.
De hecho, desde el máximo de 2012 (de 659.669 personas) y, sobre todo, desde la puesta en marcha de la ley en 2015, la cifra no ha dejado de menguar. Y el futuro puede ser aún peor.
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