El teletrabajo ha llegado para quedarse. Este nuevo paradigma está siendo muy aplaudido por trabajadores y empresarios, que ven en este modelo una forma de reducir costes y garantizar la conciliación de la vida profesional y personal. Pero el teletrabajo deberá estar regulado de una forma especial para favorecer su implementación en todas las empresas donde se pueda realizar.
En la actualidad, el teletrabajo tiene una regulación muy ambigua y limitada en nuestro país. Tan solo los trabajadores autónomos pueden acceder a una pequeña deducción en su IRPF, del 30% de la parte proporcional de la vivienda que se afecte a la actividad cuando se produce el alta en el epígrafe correspondiente.
La deducción es irrisoria y muy alejada de la realidad, especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de autónomos utilizan una parte de su vivienda de manera íntegra para teletrabajar, y no solo ese 30%. Sin embargo, esta regulación surgió como respuesta a uno de los graves problemas que planteaba la justificación de algunos gastos, como disponer de contadores separados para la vivienda y para la parte que se utiliza para trabajar, una opción difícil de implementar para la mayoría de los trabajadores.
El teletrabajo tras la COVID-19, un camino lleno de obstáculos
La COVID-19 ha acelerado el proceso de transformación del teletrabajo. Por eso, los países ya están preparando regulaciones específicas para favorecer este nuevo modelo de trabajo. Sin embargo, el Gobierno de España parece no entender sus ventajas o la realidad hacia la que nos dirigimos de manera vertiginosa, al menos atendiendo a las declaraciones de alguna de sus ministras.
En una reciente entrevista a El Periódico, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondió con un grandilocuente "a las empresas no les va a salir gratis el teletrabajo". El objetivo del Gobierno es que los gastos que ahora mismo abona el trabajador de forma íntegra se repartan con el empresario. Con esta nueva regulación, es probable que la empresa tenga que asumir partes proporcionales de los suministros y la totalidad de las facturas.
Unas declaraciones que van en contra del espíritu del teletrabajo, y que hay que sumar a las que recientemente realizó la ministra de Igualdad, Irene Montero, que anunció su intención de garantizar el derecho a la conciliación y al trabajo en condiciones de igualdad. Una declaración de intenciones que podrían parecer lógicas, pero con un argumento retorcido, afirmando que las mujeres se verían perjudicadas con el teletrabajo por la salida de las mujeres del espacio físico del trabajo.
Estas afirmaciones van en contra de otros modelos legislativos que ya se están preparando en el resto de Europa, y que garantizan incentivos fiscales y otras bonificaciones a las empresas que permitan el teletrabajo. Una realidad que, en España, todo hace prever que será un camino lleno de obstáculos gracias a una regulación que irá en contra del espíritu de este modelo de trabajo.