Desmontar la reforma laboral, la última de ellas era uno de los acuerdos que tenían firmado los socios de Gobierno. Esto fue antes de entrar en esta espiral de coronavirus y crisis económica de la que todavía no hemos salido. Y tardará bastante tiempo en despejarse el camino. El problema no es tanto desmontar la última reforma, sino hacia donde se dirige el mercado laboral en España.
Por un lado las empresas piden más flexiblidad para contratar y prescindir de trabajadores según sus necesidades de producción. Por el otro somos uno de los países de la UE con mayor índice de temporalidad en sus contratos. Y esto no es bueno ni para la empresa ni para los empleados.
Para los primeros porque introduce un índice de rotación en las plantillas muy elevados. Para los trabajadores porque impide tener un plan de futuro laboral no ya a corto, sino a medio o largo plazo. Pero no todo tiene que ver con la temporalidad, en gran parte ligada a un modelo productivo muy centrado en turismo y ocio en general.
La subcontratación es otro de los problemas que se quiere tratar, utilizado por muchas empresas para acabar pagando salarios por debajo de los estipulados en los convenios. Un ejemplo lo tenemos en la reciente ley rider, donde de la precariedad del falso autónomo muchos repartidores pueden pasar a la precariedad de la subcontratación.
No se trata solo de la ultraactividad o la prevalencia del convenio colectivo, dos de las reivindicaciones más importantes para los sindicatos. Más allá del marco de negociación colectiva en los próximos años nos vamos a enfrentar a la necesidad de facilitar la contratación o tendremos que convivir con altos índices de desempleo.
Es importante empezar a hablar. Pero también hacia donde se quiere dirigir el mercado laboral en España para que cuando se consolide de forma estable la recuperación económica las empresas tengan seguridad jurídica y unas normas claras para poder contratar.