La morosidad es un problema para muchas empresas. Ayer en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Montoró advirtió que se multará a las empresas morosas que incumplan los plazos legales para realizar sus pagos. En principio parece una medida razonable, pero que también debería aplicarse también a las Administraciones que no pagan en tiempo y forma.
Porque está claro que las empresas no son bancos. No tienen que ejecutar trabajos o prestar servicios y luego perseguir a sus clientes, sean particulares, otras empresas o la propia administración, para cobrar por sus trabajos o servicios. Y sin embargo la propia administración ha retorcido la legislación para que juegue a su favor cuando le ha interesado.
Un ejemplo claro es la última reforma del impuesto de Sociedades, que puede tener efectos negativos precisamente sobre la morosidad. Un cambio legislativo que no está previsto en el balance de una empresa provoca necesariamente que muchas no van a cumplir sus obligaciones con proveedores.
Si tenemos en cuenta los índices de morosidad, el tiempo medio de pago, tanto empresas como administraciones incumplen, ya que estas últimas tardan más de 40 días en pagar. Y es un índice que no está disminuyendo, tal y como se podría esperar de la mejora en la economía. Lo peor de todo es que muchas empresas ya asumen que la administración es mala pagadora.
Esto provoca que sólo aquellas que tienen el músculo financiero necesario para aguantar hasta que les paguen pueden acceder y competir para prestar los servicios con esta administración. Las más pequeñas necesariamente se van a quedar fuera.
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