De vez en cuando surgen en los medios de comunicación una serie de noticias que son alarmantes, y que ponen en duda la orientación política del Gobierno de turno, y su objetivo principal, que hasta el día de hoy, creía personalmente que era procurar el bienestar del pueblo y no sólo de unos pocos.
Entenderéis cual ha sido mi espanto al conocer la existencia de un proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan ciertos aspectos de la Ley Hipotecaria, bien, uno de sus artículos dice lo siguiente:
Artículo 9. Ampliación de hipoteca. 1. Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un veinte por ciento, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza. El deudor, después de requerido para efectuar al ampliación, podrá optar por la devolución de la totalidad del préstamo o de la parte de éste que exceda del importe resultante de aplicar a la tasación actual el porcentaje utilizado para determinar inicialmente la cuantía del mismo. Si dentro del plazo de dos meses desde que fuera requerido para la ampliación, el deudor no la realiza ni devuelve la parte de préstamo a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá que ha optado por la devolución de la totalidad del préstamo, la que le será inmediatamente exigible por la entidad acreedora.
Resumiendo, en la práctica, para el supuesto que el valor del bien hipotecado se vea reducido por razones de mercado o cualquier circunstancia, por un importe superior o igual a un 20%, respecto a la tasación inicial realizada, la entidad financiera podrá obligar al deudor a hipotecar otro bien que garantice este 20% o bien a contratar una aval por esa cantidad.
Así pues, queda claro que el Gobierno considera que los intereses que pagamos por nuestras hipotecas no constituyen un pago suficiente al sector Bancario por el riesgo que toman al prestarnos su (nuestro) dinero, sino que además hay que darles la posibilidad de ampliar la hipoteca por si las cosas no salen como ellos tenían pensado, y por lo tanto en caso de crisis se ponen a favor del más fuerte.
En términos jurídicos me parece una aberración, pues estarían intentando alterar unos pactos firmados con unas condiciones determinadas en fechas anteriores, y que satisfacían a ambas partes, con los consiguientes riesgos inherentes a una operación hipotecaria.
Además hay que señalar que dicha proposición de Real Decreto se publicó tan sólo dos días después de tener lugar las elecciones pasadas.
Ver para creer.
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