La ley Rider fue solo el principio: España perseguirá a los falsos autónomos en cualquier oficio. Traductores, cuidadores y contables pueden dar un vuelco

La ley Rider fue solo el principio: España perseguirá a los falsos autónomos en cualquier oficio. Traductores, cuidadores y contables pueden dar un vuelco
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En su momento, la famosa Ley Rider nació en nuestro país para regular a los trabajadores de plataformas digitales. El objetivo era que dejaran de ser falsos autónomos para pasar a asalariados de empresas como Glovo o Amazon, por ejemplo.

Europa ya en 2024 ha aprobado el Proyecto de Directiva de Trabajadores de Plataformas, que obligará a todos los países miembros a controlar el uso de falsos autónomos tenga la actividad que tengan como: cuidadores, traductores, conductores o personal de limpieza a través de plataformas.

Uno de los argumentos que utilizaban las plataformas digitales de reparto para defender la contratación de trabajadores por cuenta propia era justificar que ellas hacen de intermediarias entre el autónomo y el cliente, poniendo a disposición del profesional una herramienta digital, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

Todos los trabajadores de plataformas digitales en el punto de mira de Europa

Si bien España fue la pionera y el ejemplo a seguir tras la aprobación de la Ley Rider para regularizar a los falsos autónomos en el ámbito del reparto, ahora esta norma deberá extenderse sobre otros trabajadores de plataformas digitales.

El motivo de este cambio se debe a que la Ley Rider se quedó corta, aunque se reformó el Estatuto de Trabajadores para visibilizar la presunción de la laboralidad a favor de los trabajadores en las plataformas de reparto, se dejó fuera a multitud de profesiones que también dependen de plataformas.

Se avecinan cambios donde los trabajadores no serán controlados por lo que dicte un algoritmo que controla su trabajo, se incidirá en que sea una persona la encargada de revisar la productividad del trabajador.

A pesar de que la nueva norma nace en Europa, será cada país el encargado de regularizar la relación laboral en el caso de detectar el uso de falsos autónomos, a través de sanciones.

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