Una de las noticias empresariales de las últimas semanas ha sido el debate que ha generado la reestructuración organizativa de la multinacional de refrescos Coca-Cola, que ha decidido cerrar algunas plantas embotelladoras para aglutinar esta tarea en una embotelladora única en Madrid. Lo que tendrá la consecuencia directa de que cientos de trabajadores pierdan su empleo.
Como medida de protesta y el subsiguiente boicot a esta multinacional, cada vez son más los bares y restaurantes alicantinos que están reemplazando los productos de esta firma por los de sus competidores cercanos, amenazando con ahondar más en la caída de facturación que Coca-Cola está experimentando en los últimos años en España.
Además de en la provincia de Alicante, también ha disminuido su consumo en Madrid, dónde un miembro del comité de empresa, Francisco Bermejo, ha afirmado que:
No sabemos si es el 40, el 30 ó el 28 por ciento, no tenemos los datos, lo que sí que es cierto es que la población de Madrid, todos los consumidores, están dando tal apoyo que sí que es posible.
Para que resulte efectiva una protesta de este tipo ha ser seguida por muchos consumidores al mismo tiempo, y parece ser que este caso lleva camino de constituir un poderoso ejemplo. Máxime en un conjunto de bebidas tan arraigadas en nuestra cesta de la compra, y cuya empresa no puede permitirse el lujo de constituir un precedente con una incidencia social tan negativa.