La vuelta a la normalidad parece un hecho. Con la mayoría de autonomías inmersas en fase III y a un paso de la definida como "nueva normalidad", las principales administraciones volvieron a su actividad habitual después de dos meses en los que las oficinas de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social estuvieron cerradas.
Y la vuelta ha sido contundente. El 1 de junio, Hacienda aprobó el Real Decreto ley 537/2020, lo que supuso el levantamiento de la suspensión de términos y de la interrupción de plazos administrativos. Dicho de otro modo, las obligaciones de los autónomos con las administraciones dejaron de estar paralizadas por el estado de alarma el 14 de marzo de 2020.
En consecuencia, la Agencia Tributaria cobró de golpe todas las deudas que los autónomos tenían aplazadas desde 2019, y que debían de haber sido abonadas durante el estado de alarma. Aquellos vencimientos de deudas aplazadas que tuviesen un periodo de pago de entre el 14 de marzo y el 31 de mayo llegaron todos juntos.
Todo ello ha llegado sin previo aviso y en el peor momento para la liquidez de los negocios, justo cuando muchos han recuperado su actividad después de dos meses y medio parados como consecuencia de la pandemia. A lo que también hay que añadir la vuelta de las comprobaciones e inspecciones por parte de la Seguridad Social y Trabajo.
Las administraciones también van recuperando poco a poco la normalidad, con todo lo que ello implica: acreditación para subvenciones, licencias de actividad, licencias de terraza y, en general, todo trámite o procedimiento que el autónomo tenga pendiente. Todo ha vuelto, y lo ha hecho con mucha fuerza.