Quizá la medida más aplaudida por los trabajadores autónomos dentro de la nueva Ley de Medidas Urgentes del Trabajador Autónomo haya sido la ampliación de la tarifa plana. La reducción en las cuotas de la Seguridad Social es una de las principales reivindicaciones de este colectivo, y aunque la tarifa plana no es la solución definitiva, sirve para paliar temporalmente el efecto negativo que tienen las elevadas bases de cotización sobre los ingresos de los autónomos.
Una vez se apruebe la Ley, y aunque esta medida en concreto no estará vigente hasta el 1 de enero de 2018, la tarifa plana de autónomos sufrirá importantes cambios que afectan a los nuevos autónomos.
Se extiende de seis a doce meses
El principal cambio será el de la temporalidad, pues se extiende de seis a doce meses el periodo durante el cual el autónomo solo tiene que abonar 50 euros si decide cotizar por la base mínima de cotización o el 80% de la base mínima si decide cotizar por una base superior a la base mínima, cifrada a partir del 1 de julio de 2017 en 919,80 euros al mes.
Los plazos posteriores quedan igual que antes de la reforma:
- Reducción del 50% sobre la base mínima durante los seis meses siguientes, es decir, del mes 12 al 18.
- Reducción del 30% sobre la base mínima los tres meses siguientes, del mes 18 al 21.
- Bonificación del 30% sobre la base mínima los tres meses siguientes, del mes 21 al 24.
Por ejemplo, un trabajador que cotice por la base mínima, tendrá que pagar 50 euros el primer año, unos 137 euros los seis meses siguientes y en torno a 190 euros los seis meses siguientes. En total, dos años de ayudas en los que el autónomo puede ahorrarse cerca de 450 euros.
Posibilidad de reengancharse a la tarifa plana
El segundo cambio de calado se encuentra en los requisitos para acceder a la tarifa plana. Hasta ahora, esta posibilidad se limitaba a los nuevos autónomos y a aquellos que no estuviesen dados de alta en los cinco años anteriores al inicio de la actividad.
Con el cambio en la norma, el autónomo podrá beneficiarse de la cuota reducida siempre y cuando sea nuevo o bien no haya estado dado de alta en los dos años inmediatamente anteriores al inicio de la actividad.
Se ha calculado que todas estas medidas tendrán un coste de unos 600 millones de euros para la Seguridad Social, un 60% del total de la nueva Ley de Autónomos.
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