Las prometidas ayudas para empresas y autónomos de 11.000 millones están un poco más cerca. Al menos en lo que se refiere a los 7.000 millones de ayudas directas, puesto que Hacienda ha remitido el convenido a las Comunidades Autónomas, casi un mes después del anuncio. Una vez firmado, se transferirán las cantidades en el plazo de 10 días.
A partir de aquí serán las Comunidades las que tienen que tramitar dichas ayudas. Y todas han expresado de acelerar y simplificar al máximo los procedimientos para que el dinero acaba lo antes posible en las cuentas de las empresas que más lo necesitan.
Por lo que respecta a los cambios normativos necesarios para que se puedan incluir en dichas ayudas a empresas que no están dentro de la lista oficial por CNAE, el texto remitido por el Ministerio ya está adaptado a la perspectiva de que un cambio normativo permita a las Comunidades Autónomas ampliar los sectores beneficiarios e incluir también como potenciales receptoras de las ayudas a las compañías afectadas por la quiebra de Thomas Cook.
Los convenios mantienen la obligación de proporcionar los detalles sobre las convocatorias de ayudas realizadas y los resultados de éstas, es decir, sobre los pagos o transferencias a los beneficiarios. De esta forma Hacienda quiere mantener al menos cierto control de a quién se otorgan las ayudas y en qué cuantía.
En particular, cada Comunidad Autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir semanalmente a la Agencia Tributaria un fichero con la relación de solicitudes de ayudas recibidas durante la semana anterior, así como, una vez iniciada la tramitación de las ayudas, información mensual al Ministerio de Hacienda sobre la ejecución de las mismas.
Ahora la pelota está en el tejado de las autonomías, ya se ha demorado más de un mes desde el anuncio la remisión de los convenios y hay que ser diligentes en la tramitación y concesión de las ayudas. Aunque será muy complicado verlas en las cuentas de las empresas antes del verano, simplemente por una cuestión de plazos legales, alegaciones, etc. En este sentido la Administración siempre es garantista y no puede acelerar plazos ya que corre el riesgo de que alguien en ese caso que pueda sentirse perjudicado impugne todo el proceso.