El Consejo de Ministros ha dado este martes 13 de octubre luz verde al anteproyecto de Ley de medidas para la lucha contra el fraude fiscal con la que el Ejecutivo pretende recaudar unos 3.000 millones de euros, y que incluye la limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros para determinadas operaciones entre profesionales y empresas. Esta limitación ya estaba contemplada en la anterior Ley contra el Fraude Fiscal, aunque ahora parece ver finalmente la luz.
Así lo ha anunciado la titular de Hacienda en el Gobierno, la socialista María Jesús Montero, cuya pretensión es reducir el dinero en efectivo a su mínima expresión. Por el momento, Hacienda se garantiza que las grandes operaciones comerciales se realicen por vía bancaria, para que así quede constancia de la operación.
Hasta ahora, el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establecía la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones hasta los 2.500 euros.
Además, el anteproyecto prevé la prohibición del "software de doble uso". Es decir, el uso de programas informáticos que se utilizan generalmente para manipular la contabilidad de las empresas. La nueva ley obliga a que estos sistemas se ajusten a la normativa vigente y garanticen la trazabilidad y la accesibilidad a los registros. Además, sus fabricantes se pueden exponer a sanciones si sus sistemas no cumplen con la Ley.
Por último, Hacienda también ha puesto el foco sobre las criptomonedas, que en los últimos años se han erigido como alternativas al dinero en efectivo para el pago de algunas actividades ilegales. Habrá que informar sobre el saldo y los titulares de estas monedas virtuales, así como de las actividades que se realizan con ellas.
