El texto de la nueva ley de contratos públicos ya se encuentra en pleno proceso de aprobación parlamentaria. En él, se trasponen varias directivas comunitarias aprobadas hace tres años que sirven para facilitar y simplificar la participación de las empresas en la contratación pública y reducir las cargas administrativas.
Sin embargo, lo que a priori debería servir para satisfacer una de las demandas más acuciantes de las pymes y autónomos en España, en realidad no va a estar exento de polémica, pues a priori permitirá que se puedan aplazar las facturas por encima de lo permitido por la Ley, lo que supondría una marcha atrás en los avances logrados en los últimos años en materia de morosidad y de pagos a proveedores.
El artículo de la discordia del Proyecto de Ley, que ya ha sido enmendado en su totalidad en el Congreso por casi toda la oposición, dice, en el artículo 214.5, lo siguiente:
El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo, respetando los límites previstos en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004 (...), siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva.
El problema en este caso está en determinar qué entiende la Ley por abusivo, pues aquí está la trampa. Según diversas plataformas patronales, queda totalmente abierto a interpretación, pero deja abierta la puerta a pagos superiores a los 30 y 60 días que establece la Ley de Morosidad, y esto es inasumible según las diversas asociaciones de autónomos.
La propia Comisión Europea ya ha mostrado preocupación por un tema ciertamente sensible. Por un lado, porque la trasposición de la Directiva Comunitaria a la legislación española llega con un año de retraso y, por otro, por dejar ambiguo un punto de la Ley tan importante que podría acarrear sanciones serias a nuestro país.
En Pymes y Autónomos | Cómo prevenir la morosidad en las empresas
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