Desde hace años existe una ley de morosidad que obliga a las empresas a pagar en unos plazos determinados. Una ley que podríamos decir que es papel mojado, puesto que sistemáticamente vemos como se incumple y las empresas, especialmente las más grandes, pagan tarde. Incluso a veces muy tarde. Por eso la demanda de muchas pymes pasaba por incluir sanciones para las empresas que seguían estas prácticas. Pues bien se ha admitido ayer se admitió a trámite en el congreso una propuesta para que tramitar un régimen sancionador de manera que pagar tarde no les saldrá gratis a las empresas.
En principio existe acuerdo y consenso suficiente entre los principales grupos, además de manera muy trasversal, de manera que todo apunta que saldrá adelante la propuesta del PDeCAT, si se tramita con celeridad a finales de año o a principios del 2021. De esta manera las empresas que sobrepasen los 60 días de retraso en los pagos serían sancionadas.
Hay que tener en cuenta que la media del periodo de pago entre empresas ronda los 85 días, pero en el caso de las empresas del Ibex se puede duplicar y en algunos casos triplicar. Las más pequeñas aguantan simplemente para no perder clientes, pero es una situación insostenible. Más teniendo en cuenta que en muchas situaciones tienen que pagar el IVA de estas facturas que no han cobrado.
Habrá que ver cómo se articulan las sanciones y si realmente son disuasorias o no para que cumplan con su objetivo. También queda la duda de qué ocurrirá con la administración pública, dado que también incumple de forma sistemática los periodos de pago establecidos.
El problema en una situación de crisis como la actual es que un retraso puede llevar a una espiral de retrasos en los pagos entre empresas y es necesario dotar de liquidez a las empresas para romper este círculo vicioso. Habrá que esperar para conocer todos los detalles.
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