En las últimas semanas, el Parlamento Europeo está debatiendo sobre la idoneidad de establecer un salario mínimo interprofesional que tenga unas bases comunes en todo el espacio comunitario. Su propuesta es que el SMI de cada país se corresponda con el 60% del salario medio según las estadísticas oficiales.
De llevarse a cabo esta medida, en España se traduciría en un aumento del SMI hasta los 1200 € brutos mensuales. Una cantidad que va en línea con la propuesta de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos que en la actualidad está gobernando en España.
Sin embargo, no todos los países han recibido con los brazos abiertos la implantación de un SMI a nivel comunitario. Italia, Chipre o los países nórdicos no disponen de SMI y, de hecho, estos últimos rechazan una propuesta que chocaría frontalmente con su cultura y su legislación laboral.
El motivo es que, en todos ellos, existe una fuerte cultura de la negociación colectiva. El salario y las condiciones laborales se pactan entre empresarios y trabajadores, y el Gobierno normalmente no toma partido. De hecho, este modelo ha hecho que los salarios en estos países sean de los más altos de toda Europa.
Además, cuentan con una legislación laboral que garantiza la inexistencia de trabajadores pobres. El más paradigmático es sin duda el de Dinamarca, conocido como modelo de flexiseguridad, que combina flexibilidad para contratar y despedir con una alta protección social para los desempleados y una política activa en el mercado laboral. El resultado es pleno empleo y unos salarios que son la envidia de cualquier trabajador europeo.
Se trata, por tanto, de una medida que chocaría frontalmente con los derechos de los trabajadores de estos países. Por eso, es de esperar que sea rechazada por todos ellos.
Los países nórdicos, fuera de la propuesta de Bruselas
Ante esta situación, la Comisión Europea está estudiando la posibilidad de dejar fuera a los países nórdicos de esta propuesta. El Ejecutivo comunitario se ha comprometido con ellos a no introducir ningún mecanismo que dificulte la negociación colectiva, aunque el texto no está todavía aprobado.
En cualquier caso, está por ver su viabilidad en otros países de nuestro entorno. Recordemos que, de producirse, supondría un aumento adicional del SMI del 33% en España, y que el año pasado ya se subió un 22%. Muchas pymes podrían no soportar este brutal incremento, lo que provocaría la quiebra de muchas de ellas, el aumento de la economía sumergida o, directamente, el envío al paro de muchos trabajadores con los sueldos más bajos.
