Según las declaraciones en comparecencia en el día de hoy del Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, más de 50.000 autónomos ya se han acogido al cese de actividad. Además ha recalcado que la prestación que recibirán será de 950 euros, resultado de sumar la cuota de autónomos que no tienen que pagar y la prestación a la que tienen derecho.
Lo cierto es que no está ofreciendo ninguna ayuda en este sentido. Son prestaciones a las que ya tienen derecho los autónomos que las han estado cotizando de forma obligatoria durante el último año. Y si tenemos cese de actividad nunca hay que pagar cuota. La flexibilidad ofrecida llega a una rápida tramitación para que se reconozca este cese lo antes posible y con carácter retroactivo y que se le dará curso aunque no se cumplan las condiciones mínimas para su concesión.
La clave está en la flexibilidad de las condiciones
Más allá de eso la principal reclamación del colectivo se encuentra en aquellos que no se han visto obligados a cerrar, pero que ven como sus ingresos han descendido de forma muy importante. ¿Tienen que esperar para demostrar que están perdiendo un 75% de su facturación respecto a meses anteriores? Esto es posible en situaciones normales, pero no en una como la actual.
Por otro lado es uno de los males endémicos del cese de actividad que los autónomos llevan años reclamando que se modifiquen. No hay que esperar a que la empresa empiece a generar deuda para que poder cobrar la prestación por cese de actividad. Esperemos que se flexibilicen las condiciones y se pueda mejorar en el futuro.
La promesa ministerial es que las empresas que sin llegar a una situación de ERTE se vean afectadas de una forma significativa su actividad económica, la Seguridad Social tiene los procedimientos de aplazamientos de las cuotas que se aplicarían de una forma particularmente flexible.
La verdad es que para empresas con un alto coste de explotación, donde los gastos fijos son su espada de Damocles si no hay ingresos, la principal ayuda sería poder renegociar los alquileres de estos dos meses, prorrateándolos en este año y el siguiente, por ejemplo. Ya hay empresas que están congelando las facturas de suministros como una forma de ayudar a sus clientes para que sigan siéndolo en el futuro.
Una última oportunidad que tienen las empresas más pequeñas y los autónomos es acudir a la financiación avalada por el Estado, de la que ya se han liberado 20.000 millones y se pueden ampliar hasta 100.000 millones, una cantidad que puede parecer muy alta pero que quizás no alcance para socorrer a todas las empresas que necesitan ayuda.