Hablamos no hace mucho cómo el comercio puede comenzar a cobrar un recargo adicional por la recepción de pagos con tarjeta de crédito o débito. En principio, parece ser que la mayoria de comercios se van a mantener al margen de repercutir esta comisión. Lo dudo, realmente y antes o después se instaurará una comisión extra por estos pagos.
La lógica financiera y fiscal parte de la premisa que el dinero negro no debe pasar por banco, al menos para las cantidades que se manejan en la pyme. No vamos a recurrir a opercaiones complejas de blanqueo o evasión de impuestos que haberlas, haylas y allá cada cual con lo que haga. Si en lugar de facilitar los pagos en efectivo como pretende esta ley, se potenciaran los medios de pago que eviten el manejo del dinero físico, defraudar a Hacienda sería mucho más complicado.
A nivel comercial tenemos de todo; actividades que pueden tributar en estimación objetiva, con lo cual su único problema es no sobrepasar los límites de ingresos anuales para pasar a estimación directa, no suele existir fraude de IVA al estar casi todo el comercio minorista sujeto a recargo de equivalencia pero si se suelen falsear mucho las cajas en aquellas sociedades mercantiles que operan en comercios minoristas y manejan mucho efectivo.
No hay que ser ningún lumbreras ni voy a explicar el mecanismo concreto, pero las líneas legislativas tienen que facilitar las ventas, mejorarle la vida a los clientes y de paso evitar los movimientos de efectivo, como vías más complicadas para controlar el fraude fiscal. En lugar de bonificar los pagos o articular medios de pago que tengan menos comisiones, diferimos esta posibilidad, generando desplazamientos de tesorería.
Imagino que antes o después, algún lumbreras del Ministerio de Hacienda se quejará porque el sector comercial defrauda mucho al cobrar en efectivo. Esto se resuelve, no potenciando el pago en efectivo sino penalizándolo. En este caso particular, tan simple como bonificar fiscalmente a los consumidores y usuarios que realicen muchos pagos con tarjeta. Habría mucho menor movimiento de efectivo y por ende, menos fraude en la pyme.
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