En los últimos años se están conociendo nuevos casos de fraude fiscal y a la seguridad, una noticia que se ha ido convirtiendo en un titular habitual, y que desgraciadamente caracteriza a nuestro país como uno de los más corruptos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo).
En concreto, y en lo que respecta al fraude a la Seguridad Social, está alcanzando unas cotas más preocupantes, que tras casos como el que se acaba de conocer como el de las 752 personas investigadas en una operación contra empresas 'ficticias', hace mucho daño a la amplia mayoría de nuestro tejido empresarial, que a pesar de atravesar una coyuntura de dificultades, afrontan sus obligaciones tributarias y legales.
El daño que este tipo de casos ejerce sobre las empresas puede ser diversa índole, estos son:
Riesgo reputacional: al aumentar el número de casos, la sociedad tiende a pensar que cada vez son más las empresas que desarrollan su actividad al margen de la ley, lo que les hace desconfiar de que estas cumplan con las obligaciones fiscales y la normativa vigente
Presión fiscal: con el fraude fiscal y a la seguridad social se genera un 'agujero' en las cuentas públicas, que deberá ser compensado por los contribuyentes, entre los que se encuentran las empresas, asumiendo unas cuotas a la seguridad social y unos impuestos más elevados de la que les correspondería si todos los agentes económicos cumpliesen con sus obligaciones
De manera que tal vez sea mucho más adecuando concentrar recursos económicos a la hora de investigar y sancionar este tipo de actividades, que en lugar fiscalizar un abanico cada vez más amplio del producto que generan las empresas y las inversiones.
En Pymes y Autónomos | Según el Gestha existe "fraude fiscal masivo y estructural" por parte de pymes y autónomos Imagen | garunaborbor