La legislatura está agotada. Ya se ha puesto fecha a las elecciones, pero desde el Ministerio de Trabajo no renuncian a retocar la reforma laboral. Parece realmente un esfuerzo baldío, puesto por mucho que la Ministra diga que se trata de temas muy debatidos, realmente no lo son.
Cuestiones como la regulación de la subcontratación, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de la empresa o la no limitación de la ultraactividad no son temas menores. Además dudo mucho que se alcance un consenso con los agentes sociales en este breve espacio de tiempo. Porque para las asociaciones de empresarios son cuestiones a las que no quieren renunciar.
Una cuestión diferente sería la del registro obligatorio de la jornada, que también está encima de la mesa. Pero en este caso los plazos no son los electorales, sino esperar a que se pronuncie el Tribunal de la Unión Europea. Todo apunta a que dicho registro será obligatorio para todos los trabajadores. Pero siempre hay un periodo de gracia para que los Estados miembros adapten su normativa a dicha resolución.
Por mucho que queden algunas semanas hasta la disolución de las cámaras, o que luego funcione la Diputación permanente, la realidad es que los pactos y consensos necesarios se quedarán en espera de que haya un nuevo Gobierno. Y dependiendo del resultado electoral muchas veces se parte de cero.
El Gobierno no deja de ser juez y parte en el acuerdo entre los agentes sociales. Ya tiene una idea de reforma o una serie de medidas propuestas, y cada parte sabe si puede tensar más o menos la cuerda en función de dichas medidas. Lo cierto es que habrá que esperar para ver que es lo que ocurre, pero hasta el próximo otoño serán raro ver alguna medida de cierto calado.
Esto no implica que lo que ya tenemos en marcha, como el Plan Director para un trabajo digno, no siga dando sus frutos. Lo mismo las medidas y directrices impulsadas desde la Inspección de Trabajo para luchar contra la temporalidad indebida o los falsos autónomos, que está dando buenos resultados.