En estas páginas llevamos mucho tiempo denunciando el hecho de que muchos ayuntamientos están estrangulando financieramente a muchas pymes, al no abonar las cantidades adeudadas por el suministro de bienes y servicios, dejando a estas en una situación muy delicada al no contar con ningún reducto legal que fuerce a las primeras a saldar sus deudas.
En los últimos años hemos presenciado a aparición de dos planes de pago a proveedores, pero aún así no se ha subsanado el conflicto, reclamándose medidas de mayor calado y con el necesario imperativo legal para restablecer la situación, y evitar que incidentes como estos se vuelvan a reproducir en el futuro. A este respecto hoy se ha conocido un nuevo marco regulatorio por parte de Bruselas, y mediante el que se determina que las Administraciones públicas tendrán que pagar sus facturas comerciales a un máximo de 30 días y a las empresas, a 60 días.
Hace unos años trabajar con la administración (en sentido amplio) era todo un lujo, ya que se presuponía que su solvencia financiera era mayor que la de muchos de nuestros clientes, lo que llevó a muchas empresas a decantarse por este tipo de clientes, en detrimento de otros proyectos en los que interviniesen empresas privadas. Pero en la práctica la situación se ha contaminado, hasta el punto de que a la hora de reclamar una deuda a la administración se ha convertido en una batalla épica.
Más pronto que tarde la normativa local española tendrá que adaptarse a esta norma comunitaria, fijando de una vez por todas unas reglas del juego claras, dejando a un lado los discursos con buenos propósitos en una batalla que ha demostrado ser desigual, siendo conocidas por todos las consecuencias que tiene para una empresa el no pagar a la administración.
En Pymes y Autónomos | El riesgo reputacional de clientes puede arruinar nuestro negocio
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