Una de las últimas medidas que estaban en el aire en 2020 era la subida del SMI donde las posturas entre los agentes sociales, sindicatos y patronal, estaban bastante distantes. Y lo cierto es que el SMI se queda en 950 euros, al menos mientras no haya acuerdo entre agentes sociales.
Y no parece que esto sea fácil, porque los sindicatos no se conforman con nada que no sea llevar el salario mínimo a los 1.000 euros, lo que supondría una subida del 5,3%. No parece que las asociaciones de empresarios estén por la labor, sobre todo en un momento donde aducen que podrían destruir o dejar de crear hasta 135.000 empleos con esta medida, aunque según algunos economistas la subida del SMI hasta ahora no ha perjudicado la generación de empleo.
De este modo el Gobierno prorroga el SMI aprobado en 2020 para que permanezca vigente en 2021, al menos mientras que los agentes sociales no pacten algún tipo de acuerdo. Desde el Gobierno se ha remarcado la necesidad de concentrar los esfuerzos en salvar vidas, empresas, empleos y reincorporar del ERTE a todos los trabajadores, como prioridad.
En mi opinión es más sensata una medida de este tipo, más con una inflación negativa, donde los salarios no perderían poder adquisitivo, y dejar para el 2022, ya con una recuperación encarrilada una subida del SMI más importante, a la que en un escenario de crecimiento sería complicado que las empresas se negaran.
Una subida que tenga impacto en el bolsillo del que la percibe y que a su vez revierta en una mejora de la economía al aumentar la capacidad de consumo de muchas familias. Y seguir reduciendo la brecha de trabajadores pobres, que se situaba en un 13% en nuestro país. En todo caso no se puede descartar que se de un acuerdo de mínimos entre los agentes sociales en el próximo mes de enero.
Lo que está claro es que el compromiso de acabar la legislatura con un SMI del 60% del salario medio (siempre que las circunstancias económicas lo permitieran) se complica, a menos que se apliquen fuertes incrementos en los años venideros, algo complicado de asimilar por empresas que tendrán una deuda que amortizar generada en esta crisis durante el próximo lustro.
Imagen | La Moncloa